Durante la tarde de este martes, Fernando Arteaga, quien fuera funcionario público encargado de la dirección municipal de Protección Civil, durante una parte del periodo 2018-2021 en el municipio de San Juan del Río, salió libre luego de haber solicitado un beneficio llamado conmutación de la pena, así lo explicaron sus abogados Iris Saraí Buendia Ortíz y Martín Hernández Hernández.
Cabe recordar que Fernando “N”, síndico en la actual administración y Fernando Arteaga, ex funcionario público, fueron detenidos en el lunes 6 de diciembre de 2021, según lo explicó la Fiscalía General del Estado de Querétaro por su participación en delitos de corrupción, cuando estuvieron al frente de la coordinación de Protección Civil.
La información obtenida señaló que, durante varios años, en ese cargo público, condicionaron diversas cantidades de dinero para la emisión de vistos buenos en materia de protección civil; tanto para pequeños comerciantes, como para grandes empresas, el cual resulta indispensable para contar con su licencia de funcionamiento.
Además, uno de los sentenciados, también emitió más de doscientos vistos buenos en materia de protección civil, sin tener las facultades legales para ello de acuerdo a la normatividad que regía sus funciones.
En el caso de Fernando Arteaga, ya no se encontraba en funciones, pues presuntamente habría abandonado el cargo, por lo que, tras la denuncia interpuesta, fue buscado por autoridades e ingresado al centro penitenciario de San Juan del Río.
Después de cinco meses de investigaciones, el día de ayer, 25 de abril a los dos imputados, el que estaba en funciones en la actual administración, y el ex funcionario, se les dictó una condena de cinco años de prisión.
Los abogados explicaron que, a su cliente Fernando Arteaga se le acusó de tres delitos, cohecho, asociación delictuosa ejercicio indebido y abandono del servicio público, por lo que se solicitó en la última audiencia el beneficio de la conmutación de la pena a través del procedimiento del juicio abreviado.
La pena de cárcel a la que fue sujeto, le fue conmutada por una de mil horas de trabajo comunitario y una multa de 53,700 pesos, que tras pagarla obtuvo su libertad, señalando que no tenía antecedentes penales y que sigue suspendido de poder ser funcionario público durante un plazo de cinco años.