El pago de sobornos por 35 millones de dólares de la empresabrasileña Odebrecht en Argentina provocó disputas del gobierno deMauricio Macri con la firma, presiones a la Justicia de ambospaíses y pleitos políticos con el pasado gobiernokirchnerista.
La empresa constructora reconoció que pagó esas coimas en elmarco de la investigación del “lava jato”, el escándalo decorrupción que estalló en Brasil y que tiene ramificacionesinternacionales.
En otros países, Odebrecht reveló nombres de empresarios ypolíticos y números de cuentas en las que se depositaron lossobornos a cambio de impunidad de los directivos “arrepentidos”que brindaron información a la Justicia y la continuidad de susmillonarios contratos de obras públicas.
El gobierno argentino, sin embargo, se ha negado hasta ahora aotorgarle esos beneficios a la empresa, por lo que todavía sedesconocen los detalles de las operatorias, además de que amenazócon revisar y hasta cancelar los actuales contratos de obrapública de Odebrecht.
Aún sin esas precisiones, los principales implicados en el casoson el exministro de Planificación Julio de Vido y el exsecretariode Transporte, Ricardo Jaime, quien ya fue condenado por otrascausas por corrupción.
Ambos fueron funcionarios emblemáticos de los gobiernos deCristina Fernández de Kirchner, pero en la cadena de corrupción aellos se les suma Ángelo Calcaterra, primo de Macri, y GustavoArribas, íntimo amigo del presidente que en la actualidad dirigela Agencia Federal de Inteligencia.
En las últimas semanas, el gobierno intentó presionar a lajusticia brasileña para que hiciera públicos los expedientes dela causa Odebrecht vinculados con Argentina, pero la respuesta fueque deben ser confidenciales para no entorpecer lainvestigación.
Con la intención de avanzar por otra vía, el ministro deJusticia, Germán Garavano, viajó este lunes a Estados Unidos parapedirles colaboración a sus colegas del Departamento de Justiciaque también tienen información sobre la firma.
El caso es tan complejo que se ha dividido en tres causas queestán a cargo de los jueces Marcelo Martínez De Giorgi,Sebastián Casannelo y Daniel Rafecas, quienes investigan eldevenir de millonarios contratos de obra pública adjudicados aOdebrecht y que están en marcha.
Por otra parte, el fiscal Franco Picardi minimizó el impactoque los diferentes marcos legales de Brasil y Argentina puedentener en la investigación y en los eventuales juicios y condenasde los implicados.
En términos políticos, Fernández de Kirchner no ha queridoasumir ninguna responsabilidad y ya advirtió que la informacióndisponible basta para suspender todas las obras de Odebrecht en elpaís y para investigar a sus socios, a sabiendas de que variosestán ligados a Macri.
El jefe de gobierno, Marcos Peña, le recordó que "si hubocoimas de la empresa brasileña Odebrecht en Argentina fue afuncionarios kirchneristas".
