Asfixiada por la caída del precio del petróleo y las sanciones estadounidenses, Venezuela asegura ser "buen pagador", pero las malas noticias siguen llegando a un país cuya población está sometida a la escasez de alimentos, medicinas y a falta de dinero para importarlos.
Una delegación venezolana dirigida por el ministro de Economía y Finanzas, Simón Zerpa, firmó el acuerdo que reestructura un crédito otorgado en 2011 para comprar armamento ruso.
El acuerdo prevé un nuevo calendario de reembolsos en 10 años con aportes "mínimos" durante los primeros seis años, indicó el ministerio ruso de Finanzas.
"Aliviar la carga de la deuda" permitirá "utilizar los fondos liberados para desarrollar la economía del país, mejorar la solvencia del deudor y aumentar las posibilidades para que todos los acreedores recuperen los créditos ya acordados", según un comunicado del ministerio ruso.
El vicepresidente de Economía de Venezuela, Wilmar Castro, se congratuló durante una conferencia de prensa en Moscú por el acuerdo porque tiene "términos muy favorables" que Venezuela -dijo- puede cumplir.
"Esa flexibilización en el pago de la deuda con Rusia (...) nos permitirá satisfacer un conjunto de necesidades del pueblo venezolano y retomar el intercambio comercial", dijo Castro, en un video difundido en Caracas por el gobierno.
Un ligero respiro
Más allá del acuerdo, el gobierno ruso "no ha recibido ninguna petición" de ayuda adicional de parte de Venezuela, según el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov.
Anton Tabakh, economista jefe de la agencia de calificación RAEX, explicó a AFP que la operación permite "a ambas partes mantener las apariencias y ganar tiempo, ya que ahora la cuestión de la deuda venezolana no puede ser resuelta de ninguna manera".
La reestructuración de esa deuda es una gota de agua en el endeudamiento de Venezuela, que se estima en 150.000 millones de dólares.
"Es un alivio, pero es un alivio pequeño. No cambia las circunstancias. No ayuda ni a estabilizar la economía ni a aumentar su capacidad de pagos substancialmente", aseguró en Caracas a la AFP el economista venezolano Orlando Ochoa.1
La deuda con Rusia incluye 6.000 millones de dólares pagados por adelantado por la petrolera semipública Rosneft a la venezolana PDVSA, y de los cuales 2.500 millones fueron saldados entre mayo de 2016 y abril de 2017.
Oficialmente, es un avance por contratos de entregas de petróleo y carburantes previstos hasta 2019 pero algunos expertos creen que se trata de un apoyo financiero disimulado a Caracas, bastante más turbio. Rosneft aseguró el martes que no veía en "riesgo" su crédito.
Maduro asegura que con China, el acreedor principal, "marchan perfectamente" las gestiones para renegociar la deuda, estimada en unos 28.000 millones de dólares.
"Buenos pagadores"
Las agencias de calificación S&P Global Ratings y Fitch declararon esta semana a Venezuela y a la petrolera PDVSA en default parcial, por el retraso de varios pagos de capital e intereses de la deuda soberana y de la compañía.
PDVSA confirmó este miércoles que el pago de capital de los bonos 2017 y 2020, por unos 2.000 millones de dólares, fue realizado "con éxito", así como los intereses de un cupón que venció el pasado viernes, por 81 millones.
La Asociación Internacional de Swaps y Derivados (ISDA), que agrupa a tenedores de deuda, decidió aplazar hasta el jueves el análisis de si hubo cesación de pagos.
"Somos buenos pagadores a pesar de lo que digan las calificadores de riesgo, el Departamento del Tesoro, la Unión Europea y Donald Trump", afirmó el martes el ministro de Comunicación venezolano, Jorge Rodríguez.
Venezuela no presentó una propuesta concreta para renegociar la deuda en una reunión que sostuvo con acreedores el lunes en Caracas. Pero, según Rodríguez, se va "a pagar en común acuerdo con los tenedores de los bonos".
Con reservas internacionales de 9.681 millones de dólares, Venezuela debe pagar en lo que resta del año unos 1.470 millones de dólares y en 2018 más de 8.000 millones, por lo que expertos no descartan que caiga en una default total.
Según S&P y Fitch, las sanciones del gobierno estadounidense, que prohíbe a sus ciudadanos y bancos negociar con las autoridades venezolanas la deuda, complicará las discusiones con los acreedores, pues un 70% son estadounidenses o canadienses.
Venezuela corre el riesgo de quedarse fuera de los mercados y de enfrentarse a demandas judiciales, con el posible embargo de activos en el extranjero, como CITGO, filial de PDVSA en Estados Unidos.
