Agentes federales ordenaron a 77 empresas del norte de California que entregaran la documentación de sus trabajadores para comprobar su estatus legal, como parte de un operativo de inmigración, reportaron hoy aquí autoridades federales.
“Los empleadores de 77 empresas tuvieron tres días hábiles para entregar los registros que muestran que sus empleados cumplen con la ley federal”, explicó James Schwab, portavoz del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Ninguna persona fue arrestada durante la operación, que se llevó a cabo entre el lunes y miércoles de esta semana, pero Schwab dijo que los empleadores que a sabiendas contrataron a trabajadores indocumentados podrían enfrentar cargos penales o multas.
Asimismo, el funcionario advirtió que los trabajadores que se encuentren ilegalmente en el país durante las investigaciones estarán sujetos a arresto y deportación.
Schwab no identificó las empresas, pero comentó que representan una amplia gama de industrias, que incluyen cadenas y negocios familiares. Empresas de San Francisco, San José, Sacramento y otras ciudades recibieron notificaciones de auditoría.
El operativo forma parte de una campaña que, según las autoridades federales, tiene como objetivo proteger los empleos de los ciudadanos estadunidenses y "eliminar ventajas competitivas injustas para compañías que contratan mano de obra ilegal".
La medida constituye el más reciente capítulo del enfrentamiento entre autoridades estatales y federales en el tema migratorio.
Hace dos semanas, el procurador de California, Xavier Becerra, advirtió a los empleadores que está preparado para castigarlos con multas de hasta 10 mil dólares si violan una nueva ley estatal que les prohíbe dar información sobre sus empleados a las autoridades federales, sin una orden judicial o citación.
Según la Ley de Protección al Trabajador Inmigrante (AB 450), los empleadores deben publicar avisos sobre la demanda federal de registros dentro de las 72 horas de haber sido notificados, además de que los mensajes deben estar en los idiomas que usan regularmente para comunicarse con sus trabajadores.
Una vez que se complete la inspección, los empleadores deben informar a los "empleados afectados", que resultaron detectados por las autoridades federales.
Los empleadores que no cumplan con la nueva ley podrían enfrentar sanciones civiles que pueden ir desde los dos mil hasta los 10 mil dólares.
El alcalde de Sacramento, Darrell Steinberg, señaló en un comunicado que su oficina está trabajando en estrecha colaboración con defensores de los migrantes "para garantizar que estamos listos para proteger a cualquier persona que sea injustamente atacada o amenazada".
"Estamos en alerta máxima y estamos monitoreando la situación hora por hora", añadió el alcalde.
