La policía federal brasileña en la ciudad de Curitiba, en cuyas instalaciones permanece Luiz Inacio Lula da Silva desde el 7 de abril, pidió a la Justicia que sea transferido debido al alto costo de su encarcelamiento y el riesgo de enfrentamientos durante las movilizaciones de la próxima semana.
“Se tiene una perspectiva de gastos de aproximadamente 300 mil reales” mensuales, unos 90 mil dólares, según un oficio enviado por la policía a la jueza Carolina Lebbos, encargada del cumplimiento de la pena de Lula da Silva a 12 años y un mes por corrupción y lavado de dinero.
Asimismo, la policía brasileña asegura que la presencia de Lula da Silva en sus dependencias, donde está en una celda de 15 metros cuadrados aislado del resto de presos, supone un trastorno para las actividades de las fuerzas de seguridad.
La petición se produce en vísperas del Día del Trabajador, el 1 de mayo, cuando el Partido de los Trabajadores (PT) y movimientos sociales de la izquierda quieren concentrarse en Curitiba para exigir la liberación de Lula da Silva.
La encarcelación de Lula da Silva sigue causando polémica en Brasil, donde una parte del especto político y social cree que se debe a un intento de la Justicia por dejarle fuera de un tercer mandato presidencial en octubre.
Asimismo, el PT y figuras como el Premio Nobel de la Paz argentino Adolfo Pérez Esquivel han criticado el régimen de aislamiento de Lula da Silva y la restricción de las visitas, después de que la expresidenta Dilma Rousseff y varios parlamentarios fueran impedidos de visitar al exmandatario esta semana.
Lula, presidente de Brasil por dos mandatos (2003-2010), fue condenado en segunda instancia a 12 años y un mes por beneficiarse de un departamento de tres plantas en la localidad costera de Guarujá, en el litoral de Sao Paulo, a cambio de favores políticos a la constructora OAS.
Tiene más de media docena de causas aún abiertas sin juzgar, aunque él niega cualquier acto ilícito, y sus abogados recurrieron ayer a la Justicia superior para que le permita participar en las elecciones de octubre, donde pretende participar para lograr un tercer mandato presidencial.
Candidato del Partido de los Trabajadores, las últimas encuestas señalan que lidera la intención de voto con cerca del 31 por ciento, pero no está claro si la Justicia le permitirá disputar la elección.
