La familia del testigo clave en el caso de corrupción de la multinacional Odebrecht, Jorge Enrique Pizano, quien falleció la semana pasada, pidió que se difundan sin editar los documentos y audios que entregó el exfuncionario a varios medios de comunicación.
La esposa de Pizano, Inés Elvira Ponce de León, junto a sus hijas Juanita y María Carolina, publicaron un comunicado en el que piden que se profundice en las investigaciones relacionadas con el caso Odebrecht en Colombia.
Pizano falleció el 8 de noviembre pasado y tres días después murió envenenado con cianuro su hijo Alejandro, quien llegó de España al sepelio de su padre, lo que llevó a las autoridades a investigar por qué esa sustancia química se encontraba en la residencia del exauditor.
Pizano, como auditor de la empresa Confircolombiana, socia de Odebrecth en Colombia, detectó entre 2013 y 2015 presuntos sobornos de hasta 27 millones de dólares para que la constructora brasileña ganara la licitación de la autopista Ruta del Sol II.
El contrato, de mil kilómetros de carreteras, se canceló a inicios de 2017 debido a las denuncias de los presuntos sobornos.
El lunes, la Fiscalía General reveló que encontró un segundo frasco con cianuro en uno de los baños auxiliares de la residencia de los Pizano, en las afueras de Bogotá, lo que llevó al ente judicial a investigar cómo llegó la letal sustancia química a la casa del exauditor para Odebrecht.
En la difusión de los documentos editados aparece implicado el actual fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, amigo de antaño de la familia Pizano.
“Consideramos que las modificaciones con las que las grabaciones han sido presentadas a la luz pública, además de poder ser considerado inmoral, no siguen los deseos de Jorge Enrique”, señaló la familia Pizano.
Agregó que “debido a que la realización de tales documentos tenía el único fin de esclarecer un oscuro capítulo de corrupción del que sufre el país, por medio de la juiciosa investigación que él consideró una obligación moral más allá de su trabajo profesional. Por el contrario, jamás tuvo el objetivo de encontrar en el momento de su publicación el detrimento de un servidor público, lo cual es una desviación del problema real”.
“Es por esto que reiteramos que nuestra situación no sea utilizada para hacer política y exigimos que las grabaciones sean publicadas en su totalidad, siguiendo como parámetro único y total la verdad. Adicionalmente, manifestamos nuestra confianza en la investigación que adelanta la Fiscalía", finalizó el documento.
