Desde que Claudia Sheinbaum tomó posesión como presidenta hace poco más de un mes, buena parte del debate público en México ha girado en torno a los cambios constitucionales en materia de justicia y, más concretamente, al proceso de selección de los jueces y magistrados que conforman el poder judicial.
Para sorpresa de pocos, el gobierno federal y cámaras empresariales de Estados Unidos han participado en dicho debate. Por ejemplo, el embajador Ken Salazar comentó mediante un comunicado que “la elección directa de jueces representa un riesgo mayor para el funcionamiento de la democracia de México”, una amenaza a “la histórica relación comercial” bilateral y una oportunidad para “los cárteles y otros actores malignos”.
El interés estadounidense en los cambios institucionales en México está relacionado con surgimiento de Norteamérica como una región transnacional que enfrenta retos comunes y demanda mecanismos integrados. Irremediablemente, la reforma judicial es un tema de discusión más allá de México.
En consecuencia, el gobierno mexicano tiene, desde hace al menos tres décadas, la necesidad de discutir cualquier cambio institucional relevante a partir de los retos que enfrenta la región de Norteamérica. En el contexto de la Cuarta Transformación, esto implica ponderar el impacto de cambios sustanciales en la región de la que México es parte. No obstante, el triunfo reciente de Donald Trump en las elecciones plantea un escenario distinto, ya que su campaña enfatizó la necesidad de defender abiertamente los intereses estadounidenses, especialmente aquellos al sur del Río Bravo. En consecuencia, los siguientes cuatro años serán relevantes para entender el margen de maniobra con el que cuenta nuestro país en el contexto de integración creciente en Norteamérica.
*Profesor – Investigador Universidad Anáhuac Querétaro
