Miles de personas se manifestaron este sábado en Madrid, la capital española, en contra del gobierno de izquierda del presidente Pedro Sánchez, en una protesta que contó con el respaldo del partido de extrema derecha Vox en un año electoral clave.
Entre banderas rojigualdas, los manifestantes pidieron la dimisión de Sánchez. Algunos de ellos sostenían carteles con una foto del jefe de gobierno y la frase "traidor".
Según datos de la delegación del gobierno, más de 30.000 personas acudieron a la céntrica plaza de Cibeles para asistir a la protesta. Los organizadores afirman que fueron más de 700.000.
La concentración fue convocada por una decena de grupos y organizaciones de derecha y ha sido respaldada por el Partido Popular (PP, conservador), el principal partido de la oposición, y por la formación de ultraderecha Vox.
La manifestación tuvo lugar después de que el gobierno derogara el delito de sedición, principal cargo por el que la justicia española condenó a nueve líderes separatistas catalanes por su papel en el intento fallido de independencia de la región en 2017.
El delito fue reemplazado por otro con una pena de prisión menor. La oposición de derechas quiere revertir la medida cuando vuelva al poder.
Los conservadores también se oponen a una ley emblemática en contra de la violencia sexual que endurece las penas por violación, pero suaviza las penas por otros delitos sexuales.
"Estoy aquí para apoyar una movilización contra el peor gobierno de la historia. Hay un gobierno al que echar, que ha enfrentado a los españoles, suelta violadores, suelta golpistas", dijo el líder de Vox, Santiago Abascal, a los periodistas.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, no estuvo en el mitin pero animó a los miembros de la formación a asistir.
La mayoría de las encuestan indican que el PP podría ganar las elecciones generales previstas para finales de año, aunque necesitaría el apoyo de Vox para gobernar.
España también celebra elecciones municipales en una docena de regiones en mayo.
El gobierno de Sánchez, que carece de mayoría parlamentaria, se ha visto obligado a negociar con separatistas vascos y catalanes para aprobar proyectos de ley, lo que ha enfurecido a la derecha.
Los conservadores lo acusan de haber eliminado el delito de sedición para asegurarse el apoyo del partido independentista catalán ERC.
El gobierno, en cambio, argumenta que el de sedición es un delito anticuado que debe sustituirse por otro más acorde con las normas europeas.
