El gobierno español anunció este domingo investigaciones y un control parlamentario de los servicios de inteligencia, acusados de haber espiado a dirigentes independentistas catalanes, que amenazan con retirar su decisivo apoyo al ejecutivo en el parlamento
"El gobierno tiene la conciencia tranquila y no tiene nada que ocultar, y precisamente por eso activamos (...)mecanismos diferentes para esclarecer los hechos" y "arrojar la luz" sobre estas acusaciones, dijo el ministro de la presidencia Félix Bolaños, tras una reunión extraordinaria con su homóloga del ejecutivo regional de Cataluña (noreste), Laura Vilagrà.
El movimiento independentista catalán acusa desde el lunes a Madrid de haber espiado ilegalmente a decenas de sus dirigentes instalándoles el programa Pegasus en sus teléfonos móviles entre 2017 y 2020, tras la publicación de un informe de la organización canadiense Citizen Lab que documenta estos presuntos hechos.
Bolaños prometió "la apertura de control interno en el Centro Nacional de Inteligencia, a petición de este mismo organismo para analizar las actuaciones y las medidas existentes y también su aplicación a este caso", así como "la constitución de manera inmediata de la Comisión de Secretos Oficiales en el Congreso"
Estas promesas fueron consideradas "insuficientes, vagas, inconcretas y de resultados inciertos" por el gobierno catalán que exige la identificación y la dimisión de los responsables, insistió Laura Vilagrà en rueda de prensa en Barcelona.
Por esa razón "no podemos garantizar el soporte parlamentario" al ejecutivo socialista de Pedro Sánchez "hasta que no se esclarezca este caso", explicó.
Ello convierte en delicada la situación del ejecutivo central, que es minoritario en el parlamento y cuya supervivencia en la cámara depende del apoyo de los partidos independentistas, empezando por el del presidente de Cataluña, Pere Aragonés, el partido de Izquierda Republicana de Cataluña (ERC, por sus siglas en catalán)
En octubre de 2017, los separatistas organizaron un referéndum de autodeterminación pese a su prohibición por la justicia, y declararon unilateralmente, en vano, la independencia de la región.
Las tensiones se habían apaciguado tras la reanudación en 2020 del diálogo entre los independentistas y el gobierno de Pedro Sánchez, que indultó el año pasado a nueve condenados por los hechos de octubre de 2017, en nombre de la "reconciliación".