En 1981 Francia fue el último país de la Comunidad Europea, precursora de la UE, en abolir la pena de muerte. Cuarenta años después, unos 50 países del mundo siguen aplicándola.

Los métodos aún utilizados (decapitación, electrocución, ahorcamiento, fusilamiento, inyección letal...) son numerosos, subraya la oenegé Amnistía Internacional (AI) en su último informe sobre este asunto, relativo a 2020.

- Mayoría abolicionista -

A fines de 2020, AI contabilizaba 144 países abolicionistas, ya sea de derecho o "de facto", o sea, aquellos que no realizaron ejecuciones durante la última década. Esto equivale a casi las tres cuartas partes de los Estados del mundo.

Entre éstos, 108 han abolido la pena de muerte mediante legislación para todos los delitos, de acuerdo a la oenegé. Casi la mitad se encuentra en Europa y Asia central.

Desde comienzos de 2021, otras dos naciones han dejado de aplicar la pena capital, Kazajistán y Malaui. En Sierra Leona, la abolición fue aprobada en julio pasado, pero la ley aún no fue promulgada.

En Estados Unidos, en marzo pasado Virginia se adhirió a los otros 22 estados abolicionistas, una decisión que resulta aún más simbólica dado que este territorio ostenta el récord de ejecuciones en la historia del país y que además ningún otro estado de la ex-Confederación del Sur había dado este paso hasta ahora. Otros tres estados (California, Oregón y Pensilvania) cumplen una moratoria actualmente.

Más de 30 países africanos todavía mantienen la pena de muerte en sus Constituciones, pero un poco menos de la mitad ha realizados ejecuciones en estos últimos años.

En 2020, no hubo ejecuciones en Baréin, Bielorrusia, Japón, Pakistán y Sudán, en tanto que en 2019 estos cinco países sí habían aplicado penas de muerte. Gambia, Malasia, Rusia y Tayikistán han mantenido una moratoria en las ejecuciones.

- En 2020, hubo ejecuciones en 18 países -

Durante 2020, al menos 483 personas fueron ejecutadas en 18 países, según datos de AI, o sea, una disminución del 26% respecto a 2019 (657), lo que está en línea con la tendencia a la disminución constatada año tras año desde 2015.

Esta cifra, la más baja en más de una década, no incluye los miles de ejecuciones que probablemente se han registrado en China, según Amnistía, puesto que el gigante asiático tiene estos datos clasificados como secreto de Estado, al igual que Corea del Norte y Vietnam.

Cuatro países realizaron el 88% de las ejecuciones registradas en 2020: Irán (246), Egipto (107), Irak (45) y Arabia Saudita (27).

La disminución del número total de ejecuciones a nivel mundial puede atribuirse en particular a dos países de Oriente Medio: Arabia Saudita, donde su número fue reducido en un 85%, e Irak en más del 50%.

En el primero, que registró 184 ejecuciones en 2019, el descenso es debido en parte a una moratoria para condenados en casos de tráfico de drogas.

A pesar de que el reino petrolero anunció reformas en su sistema judicial el año pasado, como abolir la pena de muerte para condenados por delitos cometidos siendo menores de 18 años, unas 40 personas ya han sido ejecutadas entre enero y julio de 2021.

Tras un paréntesis de varios años, India, Omán y Catar reanudaron sus ejecuciones. Por su parte, en el África subsahariana, éstas descendieron un 36%, desde 25 en 2019 a 16 durante el año pasado. Por otro lado, Egipto triplicó con creces sus condenas a muerte hasta alcanzar un tope que no registraba desde 2013 (109 ejecuciones).

Por 12º año consecutivo, Estados Unidos ha sido el único país del continente americano en ejecutar presos. El Tribunal Supremo autorizó en julio de 2020 a reanudar las ejecuciones federales tras 17 años de pausa. No obstante, el número de ejecuciones y condenas a la pena capital disminuyó respecto a 2019, pasando de 22 a 17 y de 35 a 18, respectivamente.

- Condenas a muerte a la baja -

En 2020 hubo al menos 1.477 condenas a muerte en 54 países, es decir, un 36% menos que en 2019, en que la oenegé contabilizó unas 2.307 en 56 naciones.

Esta disminución en parte es debida a la pandemia de covid-19, que ha causado alteraciones y retrasos en el funcionamiento de los sistemas judiciales en todo el mundo.