El gobierno español aprobó el martes un anteproyecto de ley que busca garantizar la libertad sexual, estableciendo la obligación de que exista un consentimiento explícito, una medida inusual en Europa y destinada a prevenir las violaciones.
El texto deja "claro que el silencio o la pasividad no significa consentimiento" y que el "no mostrar oposición no puede ser excusa para actuar en contra de la voluntad de la otra parte", afirmó la portavoz del gobierno, María Jesús Montero, durante una conferencia de prensa tras el Consejo de Ministros.
Conocida popularmente como la ley del "solo sí es sí", el anteproyecto suprime igualmente la distinción entre abuso y violación, que saltó al centro del debate tras el caso la "La Manada", la violación por parte de cinco hombres a una joven en 2016, cuyo juicio dos años más tarde desató una potente ola feminista en todo el país.
La condena a los cinco acusados -que cometieron y filmaron la violación durante las fiestas de San Fermín en la ciudad de Pamplona- a nueve años de prisión por abuso sexual y no por violación sacó a la calle a decenas de miles de mujeres y multiplicó los llamamientos para endurecer el código penal.
La legislación vigente hasta ahora en España exige que haya violencia o intimidación para que pueda hablarse de violación. Los demás casos se consideran abusos sexuales y conllevan penas más suaves.
El anteproyecto de ley se inspira en un texto ya presentado en marzo de 2020, que despertó muchas reticencias y no salió adelante.
A diferencia de aquella versión, el anteproyecto de ley adoptado este martes por el gobierno español de izquierdas no define lo que no es consentimiento, sino lo que sí es considerado como tal.
"Solo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona", estipula el texto, según los medios españoles que tuvieron acceso.
El proyecto de ley contempla, además, por primera vez como delitos, el acoso callejero, así como el matrimonio forzado y la mutilación genital, y endurece las medidas penales contra el proxenetismo.
Montero no precisó cuándo se someterá el texto al Parlamento, pero expresó su voluntad de que sea adoptado con una "mayoría amplia".
La ministra de Igualdad, Irene Montero, reconoció en 2020 haberse inspirado en una ley sueca pionera que considera violación todo acto sexual sin acuerdo explícito desde 2018.
España está considerado como un país de referencia en el ámbito de la lucha contra la violencia machista desde la adopción en 2004 de una ley pionera que introducía la diferencia de género como circunstancia agravante de la violencia.
Según la ONG Amnistía Internacional, solo algunos países europeos definen la violación como un acto sexual no consentido. Algunos país reforzaron recientemente su legislación sobre este tema o están considerando hacerlo.
