El Kremlin dijo este martes que "no tomará en cuenta" los pedidos de Occidente para liberar al opositor ruso Alexéi Navalni, detenido desde su regreso a Rusia, y afirmó que los llamados de éste a protestas masivas el fin de semana eran "ilegales".
El militante anticorrupción de 44 años fue detenido el domingo al regresar de Alemania, donde se recuperaba tras su presunto envenenamiento en agosto, del cual acusa al presidente Vladimir Putin a pesar de las múltiples negativas de las autoridades.
Las principales potencias occidentales reclamaron su liberación "inmediata", piden a Moscú que responda a las acusaciones de envenenamiento e investigue este presunto intento de homicidio.
Pero en declaraciones a la prensa este martes, el vocero del Kremlin Dmitri Peskov dijo que Moscú no va a "tomar en cuenta esas declaraciones" hechas en Berlín, París, Washington, Bruselas y Londres.
"Es un asunto completamente interno y no permitiremos que nadie se meta adentro", declaró Peskov.
Navalni estará encarcelado al menos hasta el 15 de febrero en el marco de un procedimiento por violación de un control judicial. Está detenido en Moscú en cuarentena a raíz de la pandemia.
Tras el anuncio de su detención, el opositor y sus seguidores llamaron a salir a la calle para protestar el sábado 23 de enero en toda Rusia.
El portavoz del Kremlin se refirió a esos "preocupantes llamados" del opositor. "Esto podría sin dudas ser objeto de un análisis para determinar si no se trata de llamados a acciones ilegales", indicó.
Cualquier manifestación en Rusia necesita un acuerdo de las autoridades. Además, en una gran parte del país, incluyendo Moscú, las reuniones masivas están prohibidas por la pandemia.
Un allegado cercano de Navalni, Leonid Vólkov, indicó que no se presentará ningún pedido y que los rusos tienen "un derecho constitucional" de manifestarse.
Están previstas manifestaciones en varias ciudades, desde Moscú y San Petersburgo en el oeste hasta Jabárovsk en el Extremo Oriente, pasando por Ekaterinburgo en los Urales.
Las manifestaciones no autorizadas de la oposición llevan a menudo a una represión brutal y a muchas detenciones.
Riesgo de detenciones
El lunes por la noche, al menos 73 seguidores de Navalni fueron detenidos durante acciones de apoyo improvisadas, según la oenegé especializada OVD-Info.
Navalni se encuentra desde hace mucho tiempo en la mira de las autoridades rusas. Se volvió conocido con sus investigaciones publicadas online sobre la corrupción de las élites y el entorno de Putin.
De todos modos, su celebridad se limita sobre todo a los centros urbanos más importantes y a las generaciones más conectadas.
En el plano político, antes de su envenamiento preparaba una campaña activa con vistas a las legislativas de septiembre de 2021, en medio de la erosión de la popularidad del partido en el poder, Rusia Unida.
Tres laboratorios europeos concluyeron que el opositor fue envenenado con un agente neurotóxico militar de tipo Novichok, desarrollado en la época soviética.
Moscú rechazó esas conclusiones y denunció un complot, asegurando que sus científicos no descubrieron ninguna sustancia venenosa en el organismo del opositor.
Desde su regreso a Rusia, Navalni está bajo la amenaza de causas judiciales que podrían terminar en penas de prisión de varios años.
El opositor será juzgado el miércoles por difamación de un excombatiente de la Segunda Guerra Mundial, un delito castigado con una multa o prisión, anunciaron el martes sus abogados.
Está acusado de haber difundido informaciones "mentirosas e injuriosas para el honor y la dignidad" de este veterano de guerra que había manifestado en la televisión su apoyo al referéndum constitucional del pasado verano boreal para reforzar los poderes del presidente Vladimir Putin.
Pero sobre todo tiene otra cita judicial clave el 2 de febrero, cuando un tribunal examinará la revocación de una pena en suspenso a la que fue condenado, lo que podría abrir la posibilidad de que tenga que efectuar una parte de la sentencia de tres años y medio de prisión de la que fue objeto en 2014.
Desde finales de diciembre también es objeto de una investigación de fraude por sospechas de haber gastado para uso personal donaciones, un delito con una pena que pueda ir hasta los 10 años de cárcel.
Navalni afirma que estos casos tiene motivaciones políticas.
