El plebiscito sobre la aprobación o el rechazo al proyecto de una nueva Constitución en Chile, celebrado el 4 de septiembre pasado, arrojó resultados esperados, pero no contemplados. Las encuestas mostraban que la ciudadanía no apoyaría el texto propuesto, pero no se preveía un resultado tan contundente. El 62% de los votantes rechazó el nuevo texto constitucional y solamente el 38% lo aprobó.
El texto que se sometió a la consulta ciudadana aborda diversos temas, pero también los limitaba. No había mucho espacio para la negociación y en sociedades tan complejas, como las actuales, la discusión y los procesos de acuerdos son condiciones necesarias para la convivencia política. Si casi las dos terceras partes de los votantes chilenos rechazó el texto, es que ese texto no los representaba.
En algunos medios locales e internacionales, se presentan los resultados como una derrota de las fuerzas de izquierda y/o progresistas de Chile, pero esto sería un análisis simplista. No solamente el llamado conservadurismo rechazó el nuevo texto constitucional, también lo hizo una importante parte de la población que se considera progresista, pero que no se identificó con una propuesta que le daba una sola interpretación a realidades que reclaman negociaciones y acuerdos.
La sociedad chilena actual es deliberativa y reclama mecanismos de inclusión. Sin embargo, el nuevo texto constitucional dejaba poco margen para la negociación y al querer ser tan incluyente, se volvió excluyente. No se representó a las mayorías, las cuales mostraron su inconformidad en la votación.
La reciente experiencia chilena deja una enseñanza sobre la necesidad de generar mecanismos de diálogo, de acuerdos y de consensos. Las clases políticas latinoamericanas deben tomar nota de que no basta una narrativa incluyente, se necesitan prácticas políticas que lleven a buen puerto las demandas ciudadanas.
*Profesor de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tec de Monterrey Campus Querétaro.
