El Comité Permanente de la Asamblea Nacional Popular (ANP, Legislativo) debate la aprobación de la ley de seguridad nacional para Hong Kong, último paso para su entrada en vigor, en vísperas de que la ciudad conmemore este miércoles los 23 años de su vuelta a la soberanía china.
Diputados chinos citados por el diario estatal China Daily aseguraron que "la promulgación de la ley de seguridad nacional en Hong Kong cuanto antes puede tapar los vacíos legales y otras debilidades en la salvaguardia de la seguridad nacional, combatir actos criminales relacionados y proteger la prosperidad y estabilidad de la región administrativa especial".
Así pues, la controvertida ley podría ser aprobada en esta sesión del Comité Permanente, que finaliza mañana.
Por el momento se desconoce el texto sobre el que trabaja el Legislativo chino, pero el diario hongkonés South China Morning Post citó a dos fuentes que aseguraron que la ley incluiría penas de hasta cadena perpetua para "actos de secesión, subversión, terrorismo y confabulación con fuerzas extranjeras para poner en peligro la seguridad nacional".
Anteriormente se hablaba de penas máximas de 10 años de prisión, pero China parece apostar por la mano dura contra el movimiento prodemocrático, como apunta una de las fuentes citadas por ese medio: "Cubrirá más que la secesión y la subversión. La ley no va a ser un 'tigre sin dientes'".
Otro de los asuntos que se está debatiendo en el seno del Comité Permanente, según esas fuentes, es la posibilidad de que la ley tenga efectos retroactivos una vez sea promulgada.
Este es el segundo período de revisión de la ley, cuyo borrador fue aprobado de manera preliminar durante la reunión anual de la ANP, el mes pasado.
La primera revisión se llevó a cabo en la decimonovena sesión del Comité Permanente de la ANP, entre el 18 y el 20 de junio.
Este texto legal tendría el objetivo de "salvaguardar la seguridad nacional" frente a la tan temida "injerencia extranjera" que Pekín ve en las multitudinarias protestas que arrancaron hace más de un año, pero abogados y activistas hongkoneses creen que esa ley terminará por cercenar las libertades de que goza la ciudad.
SIN MANIFESTANTES PERO CON MÁS POLICÍAS
Este fin de semana, la Policía de Hong Kong anunció la prohibición, por primera vez en los últimos 17 años, de la manifestación prodemocrática anual del 1 de julio, fecha en la que se conmemora la retrocesión del territorio de la soberanía británica a la china en 1997.
El cuerpo alegó que en protestas recientes se registraron episodios de violencia y agregó que un evento como este violaría las normas de seguridad para contener la pandemia de COVID-19.
Este último motivo también sirvió para prohibir, el pasado 4 de junio y por primera vez en 30 años, la vigilia anual en conmemoración de la masacre de Tiananmen, aunque mucha gente desoyó el veto y la protesta se produjo sin incidentes, eso sí, en números mucho menores que otros años.
Fuentes policiales citadas por la televisión pública RTHK aseguran que la institución planea desplegar entre 3.000 y 4.000 agentes en las calles este miércoles para encargarse de "conflictos potenciales", después de que internautas hayan llamado a ignorar la prohibición de celebrar la protesta.
En la jornada de ayer, las fuerzas de seguridad detuvieron a 53 personas por una "protesta silenciosa" no autorizada contra la ley de seguridad nacional.
CRUCE DE SANCIONES ENTRE PEKÍN Y WASHINGTON
La semana pasada, el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, anunció sanciones en forma de restricciones a la concesión de visados a cargos del Partido Comunista de China (PCCh) considerados "responsables o cómplices de menoscabar el alto grado de autonomía de Hong Kong (...) o los derechos humanos y las libertades fundamentales en Hong Kong".
La respuesta llegó hoy en forma de restricciones similares que aplicará Pekín a ciudadanos estadounidenses, según anunció el Ministerio de Asuntos Exteriores chino, que ha presentado quejas formales ante Washington.
El portavoz de la cancillería, Zhao Lijian, apuntó que se impondrán restricciones a la obtención de visados a individuos estadounidenses que muestren una "conducta ofensiva" en relación a los asuntos de la región semiautónoma china, sin aportar ningún detalle adicional al respecto ni especificar si ya han identificado a personas susceptibles de ser sancionadas.
Desde hace más de un año, la situación en Hong Kong se ha ido deteriorando por el impacto de las protestas prodemocráticas en la economía de la ciudad semiautónoma, donde el PIB local cayó un 2,8 % y un 3 % en los dos últimos trimestres de 2019, respectivamente, y un 8,9 % en el primero de 2020, al que este año se ha sumado la paralización motivada por la pandemia de coronavirus.
El panorama político en la excolonia británica también está lejos de resolverse, con unos gobiernos, tanto en Pekín como en Hong Kong, poco amigos del diálogo o las concesiones, y con un movimiento prodemocrático que ha ganado nuevo impulso a raíz de la reciente aprobación de una ley que penaliza injurias al himno chino.
La Declaración Chino-Británica de 1984, que articuló la retrocesión de Hong Kong de manos británicas a chinas en 1997, estableció el mantenimiento durante al menos 50 años a partir de esa fecha de una serie de libertades en este territorio inimaginables en la China continental.
No obstante, desde el Ministerio de Asuntos Exteriores de China, sus portavoces han dicho en numerosas ocasiones que los compromisos adquiridos en ese documento se cumplieron ya en su momento.
