Las autoridades de Camboya aprobaron este miércoles una polémica ley de emergencia por la COVID-19, que ha sido criticada por los grupos de derechos humanos pues prevé, entre otras cosas, un control ilimitado de los medios de comunicación, aunque el Gobierno asegura que es poco probable que la llegue a utilizar.
La ley, sancionada en ambas cámaras del Parlamento, entró en vigor tras ser firmada por el presidente del Senado y jefe del Estado en funciones, Say Chhum, ya que el rey Norodom Sihamoni se encuentra de viaje en China, informó el medio local Khmer Times.
Con solo 122 casos detectados del nuevo coronavirus, el primer ministro, Hun Sen, que ha gobernado el país con puño de hierro desde 1985, ha reiterado que es muy poco probable que haga uso de la ley.
La legislación le otorga amplios poderes como el control ilimitado de las telecomunicaciones y los medios de comunicación por parte del Gobierno, restricciones a la libertad de movimientos o la posible expropiación de bienes privados.
Antes de la aprobación de la ley, la relatora especial de la ONU para los Derechos Humanos en Camboya, Rhona Smith, envió una carta al Gobierno camboyano pidiendo que las medidas contra la COVID-19 respeten los derechos humanos.
Según afirmó a finales de marzo Human Rights Watch (HRW), la crisis del Covid-19 ha sido utilizada por las autoridades "para encerrar a activistas de la oposición y a otros que expresan su preocupación sobre el virus y la respuesta del Gobierno".
Uno de los casos es el del periodista Sovann Rithy, que fue detenido a comienzos de abril por publicar en su cuenta de Facebook una frase pronunciada por el propio Hun Sen un par de días antes: "Si los moto-taxistas se arruinan, pueden vender sus motocicletas para obtener dinero. El Gobierno no tiene la capacidad para ayudarles".
Según el diario Phnom Penh Post, unas 130 fábricas del textil y calzado han suspendido operaciones desde enero debido al nuevo coronavirus, lo que ha dejado a 100 mil personas sin trabajo.
El sector, que está sufriendo desabastecimiento de materias primas y la caída de la demanda, también se ha visto afectado por la retirada, el pasado 12 de febrero, de las tarifas preferenciales que disfrutaba Camboya por parte de la Unión Europea debido a la persecución de la oposición en el país.
El CNRP, principal partido de la oposición en Camboya, fue ilegalizado en 2017 y muchos de sus dirigentes han sido detenidos o están en el exilio.
Esto permitió al Partido del Pueblo de Camboya (PPC), formación del primer ministro, obtener fácilmente el gobierno y prácticamente todos los escaños del Parlamento en las elecciones de 2018.