PARÍS. Únicamente un 36.3 por ciento de los habitantes en 2022 tenían confianza en sus gobiernos en Latinoamérica y el Caribe, una cifra en términos globales netamente inferior a la media de la OCDE, aunque con notables diferencias por países, y que más bien ha disminuido desde 2008.
Entre esos dos años, la confianza en los gobiernos ha disminuido en 3.9 puntos porcentuales en el conjunto de los 15 países considerados en el estudio de indicadores de gobernanza en Latinoamérica y el Caribe publicado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
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La situación en la región es claramente peor que en la OCDE, donde el porcentaje de población que confía en su gobierno era del 47.5 por ciento en 2022, después de mejorar 3 puntos porcentuales desde 2008.
Pero esa situación y la evolución en realidad tiene poco qué ver entre unos y otros países latinoamericanos.
Por una parte, la confianza ha sufrido un notable desplome en Colombia (34 puntos porcentuales, al 30 por ciento), Ecuador (30 puntos, al 21 por ciento), Chile (12 puntos al 39 por ciento) y Bolivia (11 puntos al 33 por ciento).
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La evolución ha sido claramente positiva en Costa Rica, con 24 puntos porcentuales de mejora entre 2008 y 2022, cuando un 60 por ciento de los encuestados decían confiar en su Gobierno, la cifra más alta de todos los países de la muestra. A continuación se ubica México, con un 53 por ciento de personas que tenían confianza, 12 puntos más que 14 años atrás.
Corrupción generalizada
Uno de los elementos que pesa en esa confianza es la percepción de que la corrupción está generalizada en el gobierno, una idea que suscriben un 75.5 por ciento de los latinoamericanos consultados en 2023, una cifra que ha crecido ligeramente respecto a 2013 (74.7 por ciento) y sobre todo que es muy superior a la de la media de la OCDE (53.6 por ciento).
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En todos los países de la región, esa percepción de una corrupción generalizada es mayoritaria, pero es particularmente elevada en Perú (90 por ciento), Panamá (86 por ciento), Ecuador (84 por ciento), Colombia (83 por ciento), Guatemala (80 por ciento), Argentina (80 por ciento) y Bolivia (80 por ciento).
Las democracias de la región enfrentan otros retos como la desigualdad, la informalidad o el “espacio fiscal limitado” para afrontar el cambio climático u otras cuestiones, según el informe.