El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, rechazó este jueves la idea de celebrar el carnaval en febrero, después de que se cancelara a inicios de este año debido a la pandemia de coronavirus, pero aclaró que la decisión recae en gobernadores de los estados y los alcaldes de las respectivas ciudades.
"Por mí, no habría carnaval, solo hay un detalle, quien decide no soy yo. Según el Supremo Tribunal Federal (STF), quien decide son los gobernadores y alcaldes", dijo el mandatario en una entrevista con Radio Sociedade, del estado Bahía (noreste).
En ciudades como Rio de Janeiro, que celebra el carnaval más famoso del mundo, o en Sao Paulo, se prevén festejos del 25 de febrero al 1 de marzo, aunque las autoridades de estas urbes del sureste brasieño condicionaron su realización a la situación epidemiológica, que mejoró en los últimos meses debido al avance de la vacunación.
Sin embargo, esta semana varias decenas de municipios en zonas rurales del estado de Sao Paulo anunciaron que suspenderían el carnaval por razones sanitarias, mientras otras ciudades alegaron problemas de presupuesto.
"En febrero del año pasado, cuando aún estaba comenzando la pandemia, poco se sabía, prácticamente no teníamos muertes en Brasil. Yo declaré la emergencia y los gobernadores y prefectos la ignoraron, hicieron el carnaval" de 2020, agregó Bolsonaro.
"Las consecuencias llegaron, tuvimos 600.000 muertos y algunos intentan cargarme a mí esa responsabilidad", se quejó el gobernante.
A pesar de que se opone al carnaval, el gobernante siempre rechazó las medidas para restringir la circulación de personas durante la pandemia.
La primera muerte vinculada al covid-19 en Brasil se anunció el 17 de marzo de 2020: dos semanas antes se había festejado el carnaval.
Un mes después, la Suprema Corte -máximo tribunal- decidió que la implementación de restricciones era responsabilidad de gobernadores o alcaldes, pero siempre sostuvo que eso no significaba que el gobierno estuviera imposibilitado de tomar sus propias acciones para combatir la pandemia.
A finales de octubre, una comisión de investigación en el Senado recomendó inculpar a Bolsonaro por 10 delitos, entre ellos "crímenes contra la humanidad", por haber expuesto "deliberadamente a la población a una contaminación en masa" con su discurso anticonfinamiento y su reticencia a comprar vacunas.