El Gobierno de Enrique Peña Nieto recuperó 12 mil 691 millones de pesos de las sanciones aplicadas a los servidores públicos, quienes cometieron algún delito en contra del erario entre diciembre de 2012 y julio de 2018.

“En este sexenio, más de 46 mil 290 servidores públicos han sido amonestados, multados, suspendidos, destituidos o inhabilitados”, revela el sexto informe de gobierno.

El sexto informe de gobierno destaca que la reforma anticorrupción busca asegurar que los servidores públicos y los particulares que incurran en ilícitos sean sancionados y obligados a resarcir el daño patrimonial causado.

Otro de los cambios para el combate a la corrupción es la autonomía técnica y operativa de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción —que entrará en operaciones una vez que el Senado de la República apruebe el nombramiento de su titular— y del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Durante el sexenio se contabilizaron 63 mil 560 sanciones administrativas a servidores públicos de la administración encabezada por Enrique Peña Nieto.