El Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP), órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura Federal, denunció que la detención de la jueza Angélica Sánchez Hernández fue ilegal debido a que cuenta con una suspensión que la protege de mandamientos como el que fue ejecutado en su contra.
A través de un comunicado, el IFDP denunció que la jueza se encontraba incomunicada y no se le había permitido establecer contacto con el personal de la dependencia que la asesora legalmente.
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Sánchez Hernández, del Distrito Judicial de Cosamaloapan, Veracruz, fue detenida por elementos de la Coordinación Nacional Antisecuestro (Conase) al salir de un hotel en el centro de la Ciudad de México acusada de delitos contra la fe pública y tráfico de influencias, informó la Fiscalía de Veracruz.
Hace dos semanas, Sánchez Hernández determinó no vincular a proceso a Itiel Palacios García El Compa Playa, quien es acusado del asesinato del diputado priista Juan Carlos Molina en 2019 e identificado como uno de los principales generadores de violencia en Veracruz, lo que fue criticado por el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García.
Por su parte, legisladores de oposición y organizaciones de la sociedad civil externaron su preocupación por la detención de la jueza Angélica Sánchez Hernández y acusaron que se trató de un uso faccioso de las instituciones.
El líder de la bancada del PRD en el Senado de la República, Miguel Ángel Manecera, dijo que la detención de la juzgadora veracruzana en un hotel de la Ciudad de México debió haber sido a través de un convenio de colaboración entre el gobierno local y las autoridades federales, a quienes se les atribuyó la detención.
Sin embargo, a falta de información oficial, detalló que “no puede haber una detención si no hay una solicitud de apoyo previo y se dice para qué efectos es y obviamente el soporte jurídico que se tenga para hacer la detención”.
Por su parte, la senadora priista Claudia Ruiz Massieu cuestionó la legalidad de la detención de la jueza. “La detención de la jueza #AngélicaSánchez se da en condiciones muy cuestionables y en un contexto de creciente persecución política.
Siempre condenaré el uso faccioso de nuestras instituciones de justicia y el debilitamiento de nuestro Estado de Derecho”, escribió en sus redes sociales.
En tanto, el ministro en retiro, José Ramón Cossío demandó esclarecer la detención de la jueza ocurrida en la Ciudad de México.
“La Jueza Angélica Sanchez Hernandez fue levantada el día de hoy en un hotel de la Ciudad de México. En un gravísimo acto que tiene que esclarecerse pronto y bien. Ante todo, las autoridades tienen que proteger su integridad física”, publicó en su Twitter.
Horas después de la captura de la juzgadora, a la par que el Instituto Federal de la Defensoría Pública denunció que la jueza Sánchez Hernández se encontraba incomunicada y que su detención había sido ilegal ya que tenía una suspensión en contra de su captura, organizaciones de la sociedad civil también se solidarizaron con la impartidora de justicia y acusaron al gobierno de Veracruz de emprender una persecución contra el Poder Judicial.
El Centro Prodh advirtió que esta segunda detención de la juzgadora es una “muestra de la deriva autoritaria del gobernador de Veracruz” que además demuestra que la retórica del presidente Andrés Manuel López Obrador en contra de la independencia judicial sí tiene consecuencias.
La Asociación Mexicana de Juzgadoras, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana y Capítulo México de la Asociación Internacional de Mujeres Juezas también se pronunciaron al respecto.
En un comunicado conjunto, las cuatro organizaciones que representan al gremio judicial estimaron que la detención de la jueza Angélica Sánchez fue derivada de su función como impartidora de justicia, por lo que rechazaron “toda actuación que atente contra la independencia judicial y el Estado de Derecho”.
Asimismo, exigieron el respeto a sus derechos de libertad, debido proceso y presunción de inocencia de la juzgadora.
La Fiscalía acusa a Sánchez Hernández de delitos contra la fe pública que, de acuerdo con el Código Penal de Veracruz, se refiere al uso irregular de las dependencias gubernamentales para llevar a cabo un trámite alterando documentos, y de tráfico de influencias, es decir, cuando un servidor público promueve o gestiona una resolución oficial en beneficio propio o de un tercero.
AL PENAL DE PACHO VIEJO
Tras su captura, Angélica Sánchez fue trasladada a las instalaciones de la Fiscalía de Investigación del Delito de Secuestro, y ahí la entregaron a autoridades veracruzanas quienes la condujeron al penal de Pacho Viejo, en Coatepec, Veracruz, en donde quedó a disposición del juez de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XI Distrito Judicial de Xalapa.
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El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, señaló que hay varias carpetas de investigación en contra de Sánchez Hernández, además de que la liberación del presunto criminal “no puede quedar así”.
“La fiscal nos dijo que el día de hoy por la mañana, coordinado por las fuerzas federales, se hizo una detención de la jueza Angélica N, que fue quien liberó al narcotraficante que le llaman Compa Playa y eso no puede quedar así”, indicó en conferencia de prensa.
El jueves asistió al Senado invitada por el entonces senador Ricardo Monreal, quien la apoyó. Con información de ITZEL MOLINA /Diario de Xalapa
