La Cámara de Diputados aprobó con 441 votos a favor la reforma al artículo 21 de la Constitución para aumentar las facultades de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), encabezada por Omar García Harfuch, por lo que ahora los elementos adscritos a esta corporación podrán realizar labores de investigación.
La reforma propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que sólo espera ser publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para entrar en vigor, establece que a la SSPC le corresponderá la coordinación del sistema nacional de inteligencia en materia de seguridad pública y podrá coordinar las acciones de colaboración de los tres órdenes de gobierno, a través de las instituciones de seguridad pública, los cuales además deberán de proporcionar la información de que dispongan o que recaben en la materia.
Faculta también a Omar García Harfuch para coordinar y dirigir la Estrategia Nacional de Seguridad, auxiliar a la presidenta Sheinbaum en el ejercicio de las funciones en materia de seguridad nacional pública y al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para auditar fondos de ayuda federal para la seguridad pública, que a nivel nacional serán aportados a las entidades federativas y municipios para ser destinados exclusivamente a estos fines.
Durante la discusión, la diputada Laura Hernández, de Movimiento Ciudadano, expresó el apoyo de su bancada a la reforma, sin embargo, dijo que les preocupa que las entidades pierdan autonomía en las decisiones sobre la seguridad en sus territorios que son diferentes entre sí.
“Al concretar estas atribuciones para la Secretaría también existe, de nuestra parte, na preocupación de que se reduzca la autonomía de las entidades federativas y municipios en materia de seguridad pública, lo que podría afectar la atención a las particularidades locales y a la participación ciudadano local. Recordemos que en México hay 32 méxicos y no es lo mismo Chiapas qué Sinaloa”, dijo.
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Indicó que es importante que en las reformas secundarias se establezca una adecuada supervisión y mecanismos de control para que las nuevas facultades que se están otorgando no deriven en prácticas que vulneren los derechos humanos y que haya una vigilancia al personal que efectivamente garantice que no haya corrupción ni colusión con grupos criminales.
La diputada Julia Olguín, de Morena, explicó que históricamente todas las corporaciones que integran la fuerza pública, civiles y militares se han enfocado a realizar detenciones en flagrancia, es decir, su labor cotidiana está desvinculada de las denuncias que presentan los ciudadanos y de la labor de la investigación criminal que realiza el Ministerio Público, lo que implica que que la casualidad, más que la investigación o la estrategia, determine las detenciones.
La legisladora destacó que con la reforma la Secretaría de Seguridad “podrá diseñar políticas y planear operativos enfocados en atender los fenómenos delictivos de mayor impacto y desarticular a los grupos de mayor peligrosidad. Con estas nuevas facultades también será posible pasar del simple despliegue de elementos al patrullaje y a la instalación de retenes”, indicó