Diputados analizan iniciativas por derechos de población indígena

La diputada Martha Sofía Tamayo Morales recalcó el compromiso de los legisladores de reconocer a los pueblos indígenas del país, ya que una cuarta parte de los casi dos mil 500 municipios de México son autóctonos.

Al inaugurar el foro “Análisis de iniciativas de Reforma Constitucional en materia de Derechos de los Pueblos Indígenas”, sostuvo que la población indígena contribuye al desarrollo de la nación sin perder su esencia.

Indicó que, de acuerdo con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, de dos mil 457 municipios de México, 623 son indígenas, es decir, el 25.4 por ciento, y hay 62 grupos etnolingüísticos, definidos por la lengua que comparten en su territorio, cultura e historia.

“Estos grupos saben vivir con respeto a los variados ecosistemas del país, y conocen bondades y bellezas de la flora y la fauna; por ello, es necesario contribuir en su reconocimiento”, resaltó la vicepresidenta de la Mesa Directiva en un comunicado.

En ese sentido, el presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas, Cándido Coheto Martínez, explicó que el foro permitirá analizar dos iniciativas: una para el reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos de derecho público, y otra que propone el reconocimiento de sus sistemas normativos internos.

Con ello, explicó, tendrán personalidad jurídica incuestionable para acreditarse como titulares de sus garantías fundamentales establecidas en instrumentos internacionales como el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración de las Naciones Unidas.

De igual manera, añadió, podrán ejercer plenamente su derecho a la consulta previa, libre e informada, del convenio de la OIT, para otorgar su consentimiento cuando se prevea medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente.

A su vez, Margarita Rodríguez Malpica, representante de la Comisión Nacional para el Diálogo con los Pueblos Indígenas, enfatizó que “la realidad nos está ganando, en el sentido de que una comunidad o pueblo indígena conocen perfectamente sus derechos”, por lo que los funcionarios públicos están obligados a garantizarlos.