En el municipio de Amealco de Bonfil existen dos casos de feminicidio, a los que se da seguimiento y acompañamiento legal a efecto que las familias reciban justicia, explicó Maricruz Ocampo, integrante del Centro Latinoamericano para la Paz, la Cooperación y el Desarrollo (Celapaz) y del Comité Promotor de la Alerta de Violencia de Género del estado de Querétaro.
Dijo que uno de los casos se trata de la muerte de Araceli García Blas, de 12 años de edad, niña otomí originaria de la comunidad de San Ildefonso, en el municipio Amealco de Bonfil, fue asesinada en agosto de 2016 por un hombre, que con engaños la atrajo a una barranca, abusó sexualmente de ella y la asesinó.
.%20Foto%20C%C3%A9sar%20Ortiz.JPG "Maricruz Ocampo Guerrero, integrante de Centro Latinoamericano para la Paz, la Cooperación y el Desarrollo (Celapaz). Foto César Ortiz.JPG")
“Tenemos el caso de Araceli que no ha llegado a juicio, es el caso de una niñita otomí que fue asesinada en agosto de 2016 y que todavía no se ha llevado a juicio y en el que todavía no se ha hecho ningún tipo de representación del daño para con la familia, que vive en situación de increíble precariedad”.
Explicó que en este caso, la defensa ha interpuesto diferentes recursos y amparos, por lo que están a la espera de que se resuelvan. El segundo caso es sobre Alejandra, de 31 años de edad, quien fue asesinada por su esposo frente a su hija de 14 años de edad, delito por el que fue sentenciado a 17 años de prisión, se apeló esta resolución a efecto que se amplíe el castigo.
“El otro es la apelación en el caso de Alejandra, víctima de su esposo, ella murió apuñalada, frente a sus hijos, y la Fiscalía hizo un trabajo muy deficiente, tan es así que fue sentenciado solamente a 17 años de prisión por homicidio calificado y esperamos que en la apelación aumente la sentencia”.
El hecho se suscitó en enero del año pasado, en la comunidad Presa del Tecolote. Alejandra fue apuñalada en siete ocasiones a manos de su esposo, quien después intentó suicidarse, en noviembre fue sentenciado a 17 años de prisión por homicidio calificado, tras considerarse que actuó bajo un “estado de emoción violenta”, atenuante que se eliminó del Código Penal el 15 de octubre de este año y sin considerar el feminicidio.
