El secretario general del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de San Juan del Río (SUTSMSJR), Gregorio López González, dio a conocer que cientos de trabajadores pertenecientes a esta organización sindical quedaron eximidos de llevar a cabo su declaración patrimonial y de intereses, tras una lucha sindical de oposición a la reforma de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
“Todos los trabajadores por lo menos de este sindicato se verán beneficiados con no realizar la declaración patrimonial, estamos acudiendo a que no se aplique retroactivamente la ley en contra de persona alguna de nuestro sindicato, y en ese sentido ya lo checamos y así va a hacer, es una exigencia, porque la reforma que marcó la ley estaba estableciendo eso y encontramos la forma de exceptuar esto, esto fue algo checado, algo platicado no hubo amparo al respecto pero si ya con estas metas, a partir de mayo ya no estamos obligados a hacer esto, esto no aplica para jubilados, sólo los que estaban en activo 590 trabajadores”.
El dirigente sindical dejó en claro que aun cuando se realizaron reformas a esta Ley, los agremiados no están obligados a realizar la declaración patrimonial y de intereses, debido a que no manejan recursos públicos por ello no pueden ser llamados mediante este tipo de requerimientos por las instancias competentes.
Refirió que esta Ley establece que a partir del 1 de mayo deben presentar su declaración de modificación patrimonial los servidores públicos que ocupen cargos desde jefe de Departamento hasta el titular del Ejecutivo (como lo hacen anualmente), quienes tendrán como plazo hasta el 31 de mayo.
Por lo anterior el dirigente sindical manifestó que los trabajadores hoy pueden estar tranquilos, debido a que serán excluidos de este manifiesto debido a la lucha sindical efectuada para evitar que formen parte de estas modificaciones en la Ley.
Finalmente, comentó que los trabajadores desde un inicio manifestaron su rechazo a la nueva modalidad de la declaración patrimonial y de interés por el difícil trámite que representa, además de ser vigilados por entes fiscalizadores como la Auditoria Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública.
