Sanción de hasta $100 mil a taxis “piratas”

por Rosalía Nieves Rosas

  · lunes 26 de marzo de 2018

Antonio Zapata Guerrero, diputado local presidente de la Mesa directiva de la legislatura de Querétaro. Foto: Luis Luévanos

El presidente de la Mesa directiva del Congreso local, Antonio Zapata Guerrero, advirtió que habrá sanciones de más de 100 mil pesos para todos aquellos operadores de taxis “piratas” en San Juan del Río, tomando en cuenta que son multas reguladas por la Comisión de Movilidad Sustentable de la Legislatura y con base al salario mínimo.

Refirió que se tienen identificados a varios sitios de base a donde llegan los taxis “piratas”, provenientes del Estado de México e Hidalgo, por esta razón mediante operativos del Instituto Queretano se efectuarán operativos de exhorto para evitar que sigan operando fuera de la ley antes de ser sancionados.

“Acabamos de modificar precisamente en la Ley el otorgamiento de permisos complementarios para que de manera oficial en algunos casos, conceder que brinde el servicio, pero también entrarán bajo el rubro de piratas si no están autorizados por el Instituto Queretano del Transporte serán sujetos de multas, no podemos permitir que vengan autos de otras entidades a hacer servicios colectivos a nuestra entidad, la sanción para el pirataje estamos hablando de mil 250 UMAS, el UMA vino a sustituir como valor de cálculo al salario mínimo, hoy la UMA está en 80.50 pesos”.

El diputado encargado de la Comisión de Movilidad Sustentable comentó que Paseo Central y el bulevar Miguel Hidalgo son algunos de los puntos donde comúnmente se ubican las unidades de otros estados que ofrecen servicios colectivos, por ello la autoridad estatal encargada de regular la operatividad de estos vehículos, ofreció algunos permisos denominados complementarios para ingresar al estado y ofrecer servicio de traslado, de lo contrario serán sujetos de multas por el IQT.

Finalmente, recomendó a los usuarios de este servicio evitar hacer uso de unidades “piratas”, por seguridad, ya que operan fuera de la Ley, y sin el consentimiento de la autoridad estatal competente para movilizar a los usuarios.

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