La reforma constitucional en materia electoral presentada por el Ejecutivo Federal genera altos riesgos al no ofrecer garantías de imparcialidad e independencia a las autoridades electorales, esto de acuerdo con lo sostenido por la Comisión Europea para la Democracia, afirmó la Sede Nacional de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) al exponer la postura de los empresarios respecto a este tema.
Fue el 25 de octubre cuando iniciaron los trabajos para formular los dictámenes de la reforma electoral en las distintas comisiones de la Cámara de Diputados. Ante ello, partidos y figuras políticas de oposición, así como algunas organizaciones de la sociedad civil, han asegurado que dicha reforma pretende la eliminación del Instituto Nacional Electoral (INE), órgano que actualmente se encarga de organizar las elecciones en el país.
Sobre ello y a través de un comunicado, la Canacintra aseveró que con dicha reforma se avizora un riesgo de regresión en el sistema electoral mexicano. Asimismo, detalló que el INE ha tenido la finalidad de fortalecer la democracia electoral y garantizar el ejercicio de los derechos político-electorales de la ciudadanía bajo los principios de legalidad, certeza, imparcialidad, objetividad, independencia y máxima publicidad, lo cual, dijo, le ha dado confianza de los ciudadanos.
“En Canacintra estamos convencidos de que, cualquier constructo humano es perfectible, no obstante, consideramos que esta reforma representa un riesgo latente de regresión en el sistema electoral mexicano. Las instituciones electorales son garantes de la democracia que da voz a la diversidad política, ideológica y representativa de nuestro país”, mencionó el organismo empresarial.
De acuerdo con lo mencionado por el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, durante sus conferencias mañaneras esta sería una de las reformas más importantes en su sexenio y con la cual se buscaría, entre otras cosas, la eliminación de diputados y senadores plurinominales, así como la elección de consejeros y magistrados electorales a través del voto popular.
Respecto a estas dos propuestas, la Canacintra aseveró que la organización de las elecciones para elegir consejeros y magistrados representaría un gasto de superior a los 8 mil millones de pesos, además de que con ello se corre el riesgo de que se elijan a actores políticos y no a profesionales. Sobre la eliminación de representantes de mayoría relativa, subrayó que esto tendría un efecto negativo para la sociedad, pues sectores de la población dejarían de estar representados en el Poder Legislativo.
