/ martes 30 de julio de 2024

Pueblos originarios carecen de acceso de justicia: UAQ

Factores económicos, políticos, simbólicos y técnicos impiden que pobladores conozcan sus derechos

A través de la investigación “Accesibilidad a la Administración de Justicia de los Pueblos Indígenas Originarios”, integrantes de la Facultad de Derecho (FD) de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) identificaron al menos cuatro obstáculos principales que impiden el correcto acceso de justicia a pobladores de la comunidad de Santiago Mexquititlán, en Amealco de Bonfil.

De acuerdo con la información compartida, se realizaron 398 encuestas a los pobladores de Santiago Mexquititlán, mediante las cuales se identificaron que los principales obstáculos para el acceso de justicia son los económicos, políticos, simbólicos y técnicos. Asimismo, se destacó que el investigador del proyecto fue el Mtro. Leonardo Senén Cabello Álvarez, miembro de la FD.

Destacó que uno de los hallazgos de este estudio es que muchas personas no tienen pleno conocimiento de sus derechos ni de la posibilidad de reclamarlos. Dijo que, considerando este contexto, el proyecto aspira a tener un impacto significativo en la creación de condiciones y procedimientos legales que protejan y representen adecuadamente a la ciudadanía.

“Los principales factores que enfrentan los pobladores de Santiago Mexquititlán en la administración de la justicia incluyen las condiciones socioeconómicas prevalecientes en la comunidad, el alto índice de analfabetismo y las dificultades para acceder a los servicios educativos”, señaló la máxima casa de estudios del estado de Querétaro.

Agregó que estos factores pueden obstaculizar el acceso a la justicia. Este elemento hace referencia al derecho que tiene toda persona, independientemente de su condición económica, social, política, de género o de cualquier otra índole, de acudir ante las autoridades competentes (ministeriales, judiciales o administrativas) para obtener la protección de sus derechos.

El plantel educativo señaló que, de acuerdo con datos del International Work Group for Indigenous Affairs, en 2020 había una población originaria de 16 millones 933 mil 283 habitantes, que representa el 15.1 por ciento de la población total del país. Este dato, junto con la adhesión de México a la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, subraya la importancia de reducir y, eventualmente, eliminar las problemáticas relacionadas.

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Finalmente, detalló que “la investigación forma parte de los esfuerzos de la UAQ, a través del Fondo para el Desarrollo del Conocimiento (Fondec) y la Secretaría de Investigación, Innovación y Posgrado (SIIP), para consolidar una cultura jurídica más eficiente y un Estado de Derecho más efectivo para todas las personas, reconociendo la pluriculturalidad del país”.

A través de la investigación “Accesibilidad a la Administración de Justicia de los Pueblos Indígenas Originarios”, integrantes de la Facultad de Derecho (FD) de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) identificaron al menos cuatro obstáculos principales que impiden el correcto acceso de justicia a pobladores de la comunidad de Santiago Mexquititlán, en Amealco de Bonfil.

De acuerdo con la información compartida, se realizaron 398 encuestas a los pobladores de Santiago Mexquititlán, mediante las cuales se identificaron que los principales obstáculos para el acceso de justicia son los económicos, políticos, simbólicos y técnicos. Asimismo, se destacó que el investigador del proyecto fue el Mtro. Leonardo Senén Cabello Álvarez, miembro de la FD.

Destacó que uno de los hallazgos de este estudio es que muchas personas no tienen pleno conocimiento de sus derechos ni de la posibilidad de reclamarlos. Dijo que, considerando este contexto, el proyecto aspira a tener un impacto significativo en la creación de condiciones y procedimientos legales que protejan y representen adecuadamente a la ciudadanía.

“Los principales factores que enfrentan los pobladores de Santiago Mexquititlán en la administración de la justicia incluyen las condiciones socioeconómicas prevalecientes en la comunidad, el alto índice de analfabetismo y las dificultades para acceder a los servicios educativos”, señaló la máxima casa de estudios del estado de Querétaro.

Agregó que estos factores pueden obstaculizar el acceso a la justicia. Este elemento hace referencia al derecho que tiene toda persona, independientemente de su condición económica, social, política, de género o de cualquier otra índole, de acudir ante las autoridades competentes (ministeriales, judiciales o administrativas) para obtener la protección de sus derechos.

El plantel educativo señaló que, de acuerdo con datos del International Work Group for Indigenous Affairs, en 2020 había una población originaria de 16 millones 933 mil 283 habitantes, que representa el 15.1 por ciento de la población total del país. Este dato, junto con la adhesión de México a la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, subraya la importancia de reducir y, eventualmente, eliminar las problemáticas relacionadas.

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Finalmente, detalló que “la investigación forma parte de los esfuerzos de la UAQ, a través del Fondo para el Desarrollo del Conocimiento (Fondec) y la Secretaría de Investigación, Innovación y Posgrado (SIIP), para consolidar una cultura jurídica más eficiente y un Estado de Derecho más efectivo para todas las personas, reconociendo la pluriculturalidad del país”.

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