De enero a la fecha, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha registrado alrededor de ocho quejas asociadas a la demora en los tiempos de entrega o incumplimiento de trabajos por parte de talleres mecánicos en el municipio de San Juan del Río, lo anterior de acuerdo con un informe emitido por la Delegación de la dependencia en el estado de Querétaro.
En el informe referido se indicó que estás han sido las únicas quejas que la Profeco ha tenido en el municipio. Asimismo, agregó que los consumidores emiten estas inconformidades contra los talleres mecánicos debido a que los tiempos estipulados de entrega no se cumplen o bien porque los trabajos no se realizan conforme a lo establecido.
Dentro del informe, la dependencia señaló que en lo que va del año se han atendido 2 mil 140 quejas en el estado de Querétaro, de las cuales 368 han sido contra constructoras, 326 dirigidas a talleres mecánicos y 270 a servicios de telefonía y cable.
Respecto al sector inmobiliario, se apuntó que los motivos principales de las quejas son por negativa de entrega e incumplimiento del contrato firmado. Las inconformidades contra talleres mecánicos responden a que no se cumplen con los trabajos y las garantías. Y en lo que respecta a los servicios de telefonía y cable, las quejas son dirigidas por deficiencias del servicio y cargos no reconocidos.
Asimismo, se han recibido 269 quejas contra agencias de viajes y operadoras turísticas, debido a que estos establecimientos se niegan a realizar devoluciones a las personas que cancelaron el servicio por diferentes circunstancias.
Contra agencias de automóviles nuevos y usados, la Profeco ha atendido 267 quejas, mientras 199 han sido las inconformidades que se presentan hacia empresas de autofinanciamiento.
De enero a la fecha, consumidores han interpuesto 190 quejas contra aerolíneas en su mayoría por la negativa de las empresas involucradas a realizar las devoluciones por cancelación.
Finalmente, la dependencia en el estado de Querétaro ha atendido 136 quejas contras suministradores de energía y 115 contra empresas proveedoras de agua potable, el motivo de ambas es que los consumidores no reconocen los cargos que se les pretende cobrar.