Guillermo Vega Guerrero ingresó la iniciativa de Ley de Seguridad Privada que contempla la creación de una Dirección de Seguridad Privada, un tabulador para que las empresas paguen fianzas, así como un catálogo de sanciones y de empresas.
El diputado presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia señaló que actualmente hay 600 empresas registradas que prestan este servicio y con la ley buscarían que estén registradas con datos de los propietarios y trabajadores.
Vega enfatizó que esta propuesta implicaría la regulación de seguridad en condominios, comercios y eventos masivos, además de guardaespaldas y quienes trasladan los servicios de valores, así como empresa que se dedican al blindaje y la videovigilancia.
“Ya se ha hecho un trabajo previo, con la consejería jurídica del gobernador, ya se trabajó con la parte de la secretaría de Seguridad Ciudadana con la parte de su director jurídico”, puntualizó.
Subrayó que esperan que en un mes esta iniciativa sea dictaminada en la comisión, y después pase al pleno del Congreso Local.
“Se va a escuchar a las empresas de seguridad privada organizadas, para que puedan conocer el proyecto aportar libremente algunas ideas, pero no está sujeta la ley”, aseveró.
Recalcó que el documento ya fue enviado a la secretaría de Seguridad Ciudadana, ya que deberá hacer un análisis cuánto personal requieren para la nueva dirección que se crearía, que también generaría un área de inspección para las empresas.
“Para que de manera permanente se esté presentando a cualquier empresa, a cualquier personal que esté credencializado y que deberá estar dado de alta para identificarse”, aseveró.
Puntualizó que el padrón de empresas de seguridad privada será integrado por toda aquella organización que opere en el estado, y les servirá a los municipios para revisar si está acreditada, con elementos capacitados y con los exámenes toxicológicos, psicológicos y médicos; y así proceder a autorizar eventos.
Precisó que las fianzas promedios que habían propuesta sería de 6 mil UMAS diarias, sin embargo se hará un tabulador conforme a la responsabilidad por los servicios que presten.
Vega Guerrero aseveró que una vez que sea aprobada la ley, las empresas tendrán un máximo de seis meses para cumplir con todo lo que se solicita.
Detalló que el catálogo de sanciones será primero conforme a si corresponde al elemento de seguridad o a la empresa, y también si requiere una pérdida de certificación o sanción, por agresión, conflictos, u omisión de sus responsabilidades.
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