La LX Legislatura alista una iniciativa para contar con una ley de seguridad privada en el estado de Querétaro, a través de la cual se regule a las empresas de este sector y se prohíba que brinden el servicio quienes no conformen el padrón estatal.
Guillermo Vega Guerrero, diputado local de Acción Nacional (PAN), adelantó que esta ley sería independiente a la ley de seguridad que existe y apuntó que, además, buscará proteger los derechos de las personas que laboran en estas empresas. Asimismo, puntualizó que dicha iniciativa se trabajaría en conjunto con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).
“Especialmente queremos entrar a revisar el tema de los derechos laborales, porque tenemos denuncias que en muchas agrupaciones de seguridad privada hay una violación flagrante de los derechos de diversas personas que son contratadas para prestar el servicio, hay turnos en los que trabajan y ponen en riesgo la salud”, dijo.
Incluso, dijo que con esta ley se evitará que empresas “patito” presten sus servicios en la entidad queretana, pues refirió que se ha detectado la prestación del servicio por parte de empresas fantasma en condominios, fraccionamientos y tiendas departamentales.
“Vamos a separar la ley de seguridad pública, una ley específica de seguridad privada, ese es un tema fundamental. Hay muchos abusos y también hay muchas empresas fantasma, patito. A pesar de que hay un registro estatal, que hay empresas serias que se han registrado, también tenemos empresas fuera de la entidad que tienen servicio fundamentalmente en fraccionamientos, condominios, tiendas departamentales y es importante que entremos a la regulación de ese punto”.
Vega Guerrero indicó que, actualmente, en el estado hay un registro de aproximadamente 300 empresas de seguridad privada registradas ante la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC); sin embargo, hay empresas con registro fiscal en otras entidades que acuden a Querétaro a prestar su servicio, principalmente a cadenas comerciales, porque insistió en la necesidad de regular y ordenar este servicio.
“Tendremos que, en esta ley, lograr tener el control absoluto de quiénes están prestando el servicio de seguridad privada, qué personas son, hay un avance pero falta todavía mucho y más importante es garantizar que quienes trabajan en las empresas también sean respetados sus derechos, que no haya ultrajes, que no haya abusos y que las personas que estén prestando el servicio cuenten con la capacidad suficiente”, enfatizó.
Finalmente, recordó que se trabaja en otras iniciativas para fortalecer la seguridad y la administración y procuración de justicia, una de ellas relacionada con el acceso a la justicia digital.
