El gobierno municipal perdió dos juicios legales, cuyas resoluciones lo obligan a pagar 15.5 millones de pesos. Se trata de una demanda por daño moral y el incumplimiento de pago a un despacho jurídico.
El presidente municipal, Guillermo Vega Guerrero, informó que en el caso del expediente 12/86/2013 se inició por un contrato de prestación de servicios jurídicos para la recuperación de impuestos, convenio firmado por Nieto Chávez y el despacho Cruz y Meza Abogados, representando por el abogado, José Marín Meza Sánchez, que demandó 6.5 millones de pesos por incumplimiento de pago, juicio que propició ayer el intento de embargo de una de las cuentas bancarias con alrededor de 400 mil pesos destinados a gasto corriente.
“Este contrato se firma el 22 de octubre del 2009, es decir, 22 días después de la toma de protesta de Gustavo Nieto, en este asunto, el día de hoy nos embargaron por 6.5 millones de pesos. Aquí tenemos copia de este contrato, para nosotros, este contrato es una simulación, que es lo mismo que fraude o corrupción porque el municipio no necesita contratar despachos para obtener impuestos. El municipio tiene, por decreto legal, la posibilidad de lograr en este caso la devolución del Impuesto Sobre la Renta haciendo una gestión directa ante el SAT”.
Detalló que el segundo caso es el correspondiente a la demanda por daño moral con expediente 509/2009, iniciado por tres personas detenidas por cinco horas en el Juzgado Administrativo, tras un conflicto en el Barrio de San Isidro, este caso se resolvió a favor de estas personas, a quienes el gobierno municipal debe pagar nueve millones de pesos.
Vega Guerrero, dijo que en el caso del contrato -que calificó como “fantasma”- con el despacho jurídico, su administración no está dispuesta a pagar un solo peso, debido a que dicho despacho “no hizo nada”, por lo que apelarán ante el Tribunal Superior de Justicia; mientras que en el segundo asunto consideró que es alta la cantidad, por lo que la intención es que se revalore y se compruebe que el daño moral ocasionado que asciende al pago de nueve millones de pesos.
Hizo el llamado al Tribunal Superior de Justicia, ya que consideró que los jueces no revisan los asuntos con pulcritud jurídica y afectan las finanzas del gobierno municipal. Agregó que durante el pasado trienio y en lo que va de la presente gestión, se han pagado más de 200 millones de pesos por asuntos legales y deudas con proveedores que se arrastran desde el gobierno municipal encabezado por Jacaranda López Salas y los que le siguieron, estimó que aún quedan 180 millones de pesos pendientes por pagar.
