Este domingo 1 de agosto salí temprano a comprar fruta. Ahí conversé con Rosario, una señora mayor con la que “discutía” sobre cuál llevar. Entrados en la charla, me preguntó, ¿oiga y eso de la consulta para qué es? Después de mi explicación, intentó contener la risa y me dijo - ¡Ay joven! ¿Usted cree que van a llevar a juicio a políticos y expresidentes? En México se cometen atropellos todos los días y no pasa nada. Los políticos son los mismos de siempre”, comentó.
Aquí algunos datos. El 92 % de los delitos cometidos en México, no se esclarecen, ya sea porque no hubo denuncia, porque no se puso en marcha la indagatoria o porque la carpeta de investigación quedó mal integrada. El 8% de los casos restantes, donde sí pasa el expediente a un juez, en 7 de cada 10 no hay un culpable detenido ante el juez o no hay un daño reparado o un hecho esclarecido. Esto nos ubica en el lugar 60 de 69 países del Índice Global de Impunidad 2020.
Por aquí deberíamos empezar, por arreglar el proceso ministerial y judicial para que la justicia se aplique a todos por igual, sean expresidentes o no, para que podamos vivir en un país con estado de Derecho.
Hace unos días, el presidente López Obrador señaló los delitos, que a su juicio, se deben imputar a cada expresidente y que son el motivo de la consulta popular:
Salinas, “porque entregó todos los bienes de la nación y del pueblo de México a sus allegados”.
Zedillo, “porque con el Fobaproa convirtió las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública y llevamos años pagando esa deuda”.
Fox, “porque engañó al pueblo y se convirtió en un traidor a la democracia. Él ha confesado que cargó los dados en la elección del 2006 para imponer a Felipe Calderón”.
Calderón, “porque declaró la guerra a la delincuencia sin atender las causas y se llevaron a cabo masacres”.
Peña Nieto, “por los actos evidentes de corrupción. Ahí está como testigo protegido el que estaba de director de Pemex declarando que, por órdenes superiores, para aprobar las llamadas reformas estructurales, se entregaba dinero a legisladores de los partidos que ahora son de oposición”
Si el presidente ya tiene tipificados estos delitos, que denuncie ante la FGR y comience el proceso de investigación. La consulta no modifica en nada la responsabilidad de la Fiscalía y del Poder Judicial, que con o sin consulta, tienen la obligación de hacer las indagatorias correspondientes y llevar a juicio a quienes sean responsables de un delito, sean expresidentes o no.
La aplicación de la ley NO se somete a consulta.
Entonces, ¿para qué hacer algo que costó 500 millones de pesos y que a todas luces fue un fracaso? Pues sólo participó el 7% del padrón electoral.
Está claro que en la estrategia política del presidente es más conveniente “cambiar” el pasado, que hablar y comprometerse con el presente y el futuro de México.
En un momento así, como ciudadanos tenemos una gran responsabilidad de trabajar por nuestro país para generar bien común, exigiendo gobiernos abiertos y participativos para que juntos demos un mejor rumbo a México.
