Cada vez es más frecuente tener cortes de energía en diversas regiones del país. Desgraciadamente, es algo a lo que nos estamos acostumbrados y que de pasar la reforma constitucional al sector eléctrico podría convertirse en algo permanente con lo que tendremos que vivir.

Así era en los años 70 y 80. Era muy común decir “se fue la luz”, dependíamos de dos empresas del estado: La Comisión Federal de Electricidad y la Compañía de Luz y Fuerza del Centro. Las ineficiencias y falta de capacidad instalada para surtir energía eléctrica a todo el país eran la causa de dichos apagones. Y ahora, el gobierno federal quiere repetir la historia.

Actualmente, la CFE no tiene la capacidad para surtir de energía a todo el país y tampoco tiene los recursos y tiempo para satisfacer la creciente demanda de energía. Necesita de las empresas privadas y de nuevas inversiones.

Las empresas privadas que invirtieron en nuestro país en la generación de energías limpias son un jugador muy importante. Estas han ayudado a que los precios de la energía se mantengan en los niveles actuales, en virtud de que el costo al cual venden la energía es más barato que la generada por la CFE.

Desde que inició el gobierno del presidente López Obrador, se han suspendido las rondas de inversiones privadas en energía. También, las inversiones de la CFE en nueva infraestructura son menores a las de años anteriores y esto no hace sentido, pues se tiene una mayor demanda de energía pero se impide la inversión privada, mientras que la gubernamental no está a la altura de las necesidades.

La reforma presentada al Legislativo, pretende cancelar los contratos vigentes con la iniciativa privada, y esto es una violación al Estado de Derecho, que llevará a México a tribunales nacionales e internacionales, pues viola las leyes mexicanas y diversos tratados internacionales, como el T-MEC.

Una primera estimación sobre el monto de las indemnizaciones que México tendría que pagar a las empresas privadas por la cancelación de los contratos es de 15 veces lo que nos está costando a los mexicanos pagar la cancelación del NAIM. La cifra es estratosférica; estamos hablando de 1,700,000,000,000, un billón setecientos mil millones de pesos.

Para darnos una idea de la magnitud de esta cantidad, la propuesta de presupuesto federal para 2022 equivale a 4.6 veces el gasto programable de la SEP, 26 veces el de Turismo y 1.7 veces el del IMSS. En primer lugar, no hay dinero para pagar esa cantidad, y en segundo lugar, nada le aporta a los mexicanos, quienes seremos los que pagaremos con nuestro trabajo.

La iniciativa está en manos del Congreso. Son ellos los que pueden frenar o modificar la misma para que no se haga daño a nuestro país y regresemos a las épocas de “se fue la luz”.

Exhortamos a los diputados y senadores que en representación del pueblo mexicano, rechacen esta reforma constitucional por dañar nuestros intereses particulares y de país, y en cambio, generen un parlamento abierto con expertos en la materia y realicen las modificaciones a las leyes correspondientes en las áreas donde sí exista una oportunidad de mejorar nuestro sistema eléctrico buscando siempre el bien común de todos.

*Presidente de Coparmex Querétaro.