Ambientalistas de los municipios de San Juan del Río y Querétaro se muestran preocupados por las últimas reformas al Código Penal del estado, pues consideran que atentan contra los derechos humanos y contravienen principios constitucionales, motivo por el que interpondrán un recurso de revisión con el objetivo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación analice las posibles lagunas legales o futuras fallas en la interpretación.

La ambientalista integrante del Grupo Vasconcelos y doctora en Derecho, Laura Elvia Uribe Lara, expresó su rechazo a las últimas reformas hechas al Código Penal del Estado de Querétaro, ya que podrían incluso atentar contra futuros movimientos ambientalistas, razón por la que, con respaldo de agrupaciones de la ciudad de Querétaro, interpondrá un recurso de revisión.

“Es imperativo enviar recurso de revisión a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es mi responsabilidad como ciudadana y ambientalista la posible afectación a este dictamen, pues las reformas al Código Penal de Querétaro atentan contra los derechos humanos y contravienen los principios constitucionales”.

Precisó que surgen dudas en la interpretación del artículo 289, que a la letra dice “Al que procure con actos materiales impedir la ejecución de una obra o trabajos públicos, dispuestos por la autoridad competente con los requisitos legales o con su autorización, se le aplicará de 3 a 5 años de prisión y hasta 200 veces el valor diario de la Unidad de Medición y Actualización de multa”.

Dijo esperar que los tomadores de decisiones no utilicen el Covid-19 como pretexto para llevar a cabo intereses personales, al ejecutar cambios de uso de suelo, alegando una emergencia sanitaria.

“Me quedan incógnitas importantes ¿Qué tipo de obras se planean? ¿Pueden cambiar uso de suelo en contingencia Covid-19? ¿Con qué fin? ¿Qué recursos utilizarán? ¿Terminando la contingencia qué uso tendrán dichas obras? ¿Las obras o trabajos públicos dónde serán consideradas?”.