Aunque la administración estatal ejerció 1.84% más en el presupuesto para gasto administrativo en 2019, la entidad se colocó en el sexto lugar a nivel nacional con menor incremento en estos rubros, de acuerdo con el informe estatal del gasto ejercido, que publicó el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
El gasto burocrático se refiere a los recursos para los servicios profesionales, viáticos, publicidad oficial, ceremonias oficiales, compra de bienes y servicios para ejecutar sus funciones, pago de sueldos y salarios, honorarios y prestaciones del personal al servicio del Poder Ejecutivo del estado; así como la compra de insumos y suministros como artículos de oficina, materiales de limpieza, alimentos y utensilios, medicinas, suministros médicos, uniformes, gasolina y diésel; además, el pago de servicios básicos.
En ese año el gasto administrativo en Querétaro fue de 3 mil 638 millones de pesos, lo que representa 1.84% más de lo que se había presupuestado.
Igualmente, el instituto destacó que el total del presupuesto que ejerció el gobierno del estado en 2019 asciende a 38 mil 272 millones de pesos, de los cuales el 5% fue utilizado para servicios personales, 3% a servicios generales -entre los que está comunicación social y publicidad, y servicios oficiales-, además el 1% fue para materiales de suministros como vestuarios, blancos, prendas de protección y artículos deportivos.
Ejemplificó que para presentaciones sociales y económicas de los trabajadores del gobierno estatal destinaron 368 millones de pesos, en remuneraciones especiales y adicionales fueron 364 millones de pesos.
Además, en servicios oficiales destinaron 175 millones de pesos solo para 2019, y para comunicación social y publicidad gastaron 173 millones de pesos.
En cuanto a lo ejercido en gasto administrativo entre 2015 y 2019, Querétaro tiene una disminución del 20.5%, por lo que fue la segunda entidad con mayor reducción a nivel nacional.
Ante estos hallazgos el IMCO propone reducir la discrecionalidad en el ejercicio de los recursos públicos en los estados, con controles a las modificaciones presupuestales que limitaría el aumento desproporcionado de su gasto administrativo, es decir, si la administración busca un incremento mayor al 15% debería contar con la aprobación del Congreso Local.