Por el feminicidio de Nancy “N”, ocurrido en junio de 2019, en la comunidad tequisquipense Barrio de la Magdalena, la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro (DDHQ) emitió una recomendación a Alejandro Echeverría Cornejo, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE); Valeria Guerrero Ángeles, directora del Instituto Queretano de las Mujeres; y a los presidentes municipales de San Juan del Río y Tequisquiapan, Guillermo Vega Guerrero y Antonio Mejía Lira.
El 25 de junio de 2020 se emitió la recomendación (239) 2/2020 por la queja DDH/339/2019. La DDHQ acreditó la violación a derechos humanos de Nancy, atribuible a personal de las citadas dependencias, por omisiones y acciones contrarias a los derechos referidos. Formuló la recomendación a los funcionarios mencionados, en su calidad de superiores jerárquicos.
La DDHQ hace referencia a las notas periodísticas que señalan que la víctima solicitó apoyo al Poder Ejecutivo del Estado, al temer por la probable planeación de su feminicidio, por parte del padre de su hija. Lo que originó la investigación, por medio de la cual, la DDHQ acreditó la falta de diligencia de las autoridades y la omisión de actuar con perspectiva de género.
En el caso del Instituto de la Mujer de San Juan del Río, se detalla que Nancy era usuaria desde 2016 hasta abril de 2019, recibió algunos servicios, pero no asesoría jurídica en materia penal o familiar y tampoco se le ofreció acudir al refugio, ya que no padecía violencia física, aunque era una caso calificado de alto riesgo, por un robo que la víctima sufrió en su casa y que consideraba que el padre de su hija lo había ordenado.
En abril de 2019 fue canalizada al IMM en Tequisquiapan, esta dependencia confirmó el alto riesgo, pero no brindó atención jurídica integral para iniciar una carpeta de investigación por violencia familiar, tampoco informó a la Fiscalía sobre la situación de la víctima y no ejecutó las gestiones necesarias para separar del domicilio al agresor.
Los institutos municipales de la mujer, así como el estatal, omitieron denunciar por el delito de violencia familiar, a pesar que todos tenían conocimiento que la víctima padecía violencia económica y psicológica, pero además, Nancy expresó abiertamente y en múltiples ocasiones que temía por su vida, lo que hace evidente el proceso de revictimización. La FGE omitió emitir medidas de protección a la ofendida.
Por éstas y otras anomalías, la DDHQ recomendó reparación integral, por lo que las dependencias deberán otorgar indemnización compensatoria a la víctima indirecta, su hija. Para dar cumplimiento, deben crear un Fideicomiso Público de Administración y Pago.
También recomendó medidas de satisfacción, que es publicar la recomendación en la página de la DDHQ. Instruyó para que la víctima indirecta reciba tratamiento psicológico especializado. Recomienda capacitar al personal adscrito a las instancias señaladas y presentar un proyecto para fortalecer protocolos de actuación.
La DDHQ advirtió que iniciará los procedimientos administrativos conducentes para deslindar responsabilidades. El documento es firmado por la presidenta de la Defensoría, Roxana de Jesús Ávalos Vázquez.