Diana Ávila Garrido, presidenta de la mesa directiva de balneario ejidal “San Pedro Ahuacatlán”, dio a conocer que se denunciará ante la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro (DDHQ), el excesivo uso de la fuerza física y violación de los derechos humanos de cuatro integrantes del Ejido San Pedro Ahuacatlán por elementos de la Secretaria de Seguridad Pública Municipal (SSPM), luego de ser detenidos el pasado martes en medio de la clausura del lugar de esparcimiento social acuático por el gobierno municipal.

La tarde-noche de este martes cuando liberados a las 19:40 horas los cuatro detenidos; Marisela Vega González, Tomas Vega Mancilla, Demetrio Hernández Guzmán y un menor, sin pagar multa alguna al no ser acreditada alguna falta administrativa, esto tras haber pasado cerca de cuatro horas en el Juzgado Cívico, “Por lo que sólo dijeron de una disculpa del señor Memo Vega por haberlos detenido, así les dijeron los policías pero no se pagó fianza”.

“Vamos a presentar denuncias ante la Defensoría de Derechos Humanos de Querétaro conforme el abuso de autoridad que cometieron, porque a una de las socias la están sacando del mismo balneario y el balneario es dos metros afuera todavía del portón, el balneario está cerrado, decidiremos que se hará, vamos esperar a una reunión que tendremos este jueves en la ciudad de Querétaro, están atacándonos como guerra sucia por el amparo que interpusimos para que la obra del bulevar se suspendiera porque no nos están dejando entradas”.

Desde el martes que se clausuró el lugar, se conformó una comisión de los 127 ejidatarios de San Pedro Ahuacatlán para desahogar con las autoridades del gobierno del estado el problema que surgió en la zona de recreación social por la carencia de un dictamen de uso de suelo, factibilidad de giro, licencia de construcción y o terminación de obra, aviso de ocupación y dictamen de Ecología.

Indicó que en ningún momento los ejidatarios se han opuesto a cumplir con lo establecido en la ley, sin embargo, la actuación de la corporación policiaca generó molestia y mayor inconformidad en los integrantes del Ejido San Pedro Ahuacatlán por el uso excesivo de la fuerza pública para llevar a cabo la acción legal.

Este miércoles se tenía proyectada la primera mesa de trabajo entre ejidatarios de San Pedro Ahuacatlán y autoridades encargadas de ejecutar la obra, sin embargo, por motivos que desconocen, se canceló hasta este jueves cuando se reanuden las pláticas con las autoridades de la Comisión Estatal de Infraestructura (CEI), en aras de buscar solución al conflicto.

Algunas de las propuestas hechas por los ejidatarios de San Pedro Ahuacatlán, es que como parte de la dignificación de la carretera San Pedro Ahuacatlán-Vistha, se construya un puente peatonal, carril reductor de velocidad, retorno y acceso de entrada al balneario, y los ejidatarios han presentado estudios topográficos que permitan justificar dichas peticiones, los cuales han sido rechazados por las autoridades, acto que ha generado la promoción de un amparo por los ejidatarios para evitar que continúen la obra carretera.

“No hay puente peatonal, no hay retorno, no hay carril reductor de velocidad, no hay entradas al balneario y es todo lo que nosotros les pedíamos, entonces como no lo hicieron fuimos a Querétaro a solicitar todo eso y solo nos traían vuelta y vuelta y el ejido se amparó y por eso nos están atacando de esta manera, nos están exigiendo un papel que nunca nos exigieron en los 25 años de funcionamiento del lugar, Protección Civil siempre nos revisaba y nos decía que estaba en buenas condiciones, el ultimo visto bueno fue en Semana Santa, la semana pasada vinieron de Protección Civil de Querétaro y también checaron el balneario y dijeron que todo estaba bien”.

Añadió que los ejidatarios buscarán recurrir a las autoridades competentes con la finalidad de evitar ser afectados, ya que por 25 años el balneario ejidal “San Pedro Ahuacatlán”, ha tenido sus operaciones con el visto bueno de Protección Civil, el más reciente en Semana Santa del 2018, motivo por el enfatizaron en que se trata de una medida represiva, ya que frente al Conalep y Cobaq plantel número 10 se instalará una gasolinera generando todavía mayor riesgo a la población.