Como seguramente se han enterado, queridas lectoras y lectores, en el mes de octubre de 2022, el estado de Tamaulipas fue el último que dijo sí al matrimonio igualitario y con esa decisión, el derecho a formar una familia a través del matrimonio o el concubinato para todas las personas, ya es una realidad legal en todo México.
La decisión del Congreso de Tamaulipas, cierra un ciclo de lucha social, legislativa y jurídica para hacer una realidad el derecho a la no discriminación de las personas lesbianas, gays, bisexuales y trans para acceder al matrimonio civil y al concubinato en igualdad de condiciones legales que nuestras hermanas y hermanos heterosexuales, tal como lo mandata el artículo 1 de nuestra constitución mexicana.
Como todo proceso de cambio de paradigma civilizatorio, éste fue un proceso largo y colectivo que tardó en completarse en México los 22 años que lleva este siglo XXI. En el siglo pasado, era común que los patrimonios construidos por parejas del mismo sexo -fuera de toda protección jurídica-, fueran muchas veces robados por las familias biológicas que, en la mayoría de los casos, habían rechazado la homosexualidad, el lesbianismo, la bisexualidad o la transexualidad de sus hijos, hijas e hijes. En varios casos fui testigo de cómo las parejas eran impedidas a ver morir a sus amantes en los hospitales sólo por el hecho de no tener una relación de parentesco sanguíneo o legal, o ver a viudos y viudas ser violentamente arrojados de las propiedades que compartían con sus amantes después del velorio. Un horror que este mes de octubre de 2022 llegó finalmente a su fin en todo México.
En el caso específico de Querétaro, la primera iniciativa de ley sobre el tema fue ingresada en 2014 a la LVII legislatura por el ex ombudsperson Miguel Nava, solicitando la unión civil de personas del mismo sexo, para diferenciarla del matrimonio civil entre personas del sexo opuesto. Dicha iniciativa fue congelada y al año siguiente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la jurisprudencia 43/2015, donde zanjó las discusiones sobre el tema y resolvió que el matrimonio civil debía ser el instrumento jurídico para la unión de 2 personas, independientemente de su orientación sexual o identidad de género y como somos una federación, quedó en manos de cada entidad federativa decidir cambiar sus códigos civiles o familiares, para armonizarlos con el mandato de la jurisprudencia de la SCJN. Después, en la LVIII Legislatura se ingresaron dos iniciativas para legalizar el matrimonio igualitario, una del PRD y otra de Morena, que también fueron congeladas. En la LIX legislatura también se ingresaron dos iniciativas, una de Morena y otra por la ex ombudsperson Roxana Ávalos, que ante la omisión legislativa de la presidenta y el secretario de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, activistas del Frente Queretano por el Derecho a la No Discriminación y el Estado Laico, ingresaron un amparo en revisión por omisión legislativa y falta a los compromisos con el pacto federal, que fue ganado y luego impugnado por abogados de la LIX legislatura, ante ese hecho, las persona activistas solicitaron a la SCJN que atrajera el caso queretano, cosa que hizo y lo comunicó a la LIX legislatura un día antes de la última sesión de dicha legislatura, y fue así, que en su última sesión, se aprobó la iniciativa, primero en la Comisión de Grupos Vulnerables y luego subió al pleno para ser aprobada por el 80% de las diputadas y los diputados, haciendo que Querétaro fuera el estado número 23 en aprobar el matrimonio y concubinato sin discriminación en septiembre de 2021 y publicándose en dos diarios de circulación estatal en noviembre de 2021, ya por la actual LX legislatura.
Como ven, un largo y sinuoso proceso que definitivamente logramos aterrizar con éxito en Querétaro y ahora en todo el país. Finalmente triunfó el estado de derecho y con esta reforma al código civil queretano, se abrió el gran portón de los derechos humanos para las personas LGBTIQ+ queretanas y hago votos para que el proceso legislativo de las siguientes iniciativas de ley para lograr una igualdad sustantiva para este sector, que representa el 8% de la población queretana, sea mucho más expedito y se haga realidad la promesa de la presente administración estatal: llevar a Querétaro al siguiente nivel (tanto en derechos humanos como en estado de derecho y cumplimiento de la ley).
