La Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) dio de baja a cuatro elementos de apoyo vial, expresó Sheyra Lizet Domínguez Quirino, ex integrante de esta área, quien argumentó que el despido fue de forma injustificada, por lo que buscan que la liquidación sea al 100 por ciento, pues les pretenden pagar alrededor del 57 por ciento de lo que les corresponde por Ley.
“Lo que pretendemos es que se nos liquide al 100 por ciento, reinstalación ya no pretendemos, no queremos ser sometidos a presiones, es lo que nos comentan, que personas han pedido reinstalación y se les presiona al grado que desisten de pertenecer a la Secretaría”.
Manifestó que la semana pasada, le pidieron que se presentara a Recursos Humanos para ser notificada de su baja, donde estuvieron tres de sus compañeros, por la misma circunstancia.
“Tengo dos pequeños que dependen de mí. Desde el día que fuimos despedidos nos retuvieron la última catorcena laborada, como mamá me preocupa bastante. Siento que nos retienen la catorcena como una forma de presionarnos para que firmemos y aceptemos lo que nos ofrecen. Vamos a meter un documento, si no se presentan iniciaremos el proceso de demanda para exigir lo justo”.
Narró que forma parte de la primera generación de elementos de Apoyo Vial, por lo que tiene año y medio en funciones, siempre desempeñó su labor de la mejor manera, razón por la que no hay causa específica del despido.
“El día que nos presentaron a Recursos Humanos, nos dijo el licenciado que no había causa, que ellos no tenían información, que si gustábamos fuéramos con nuestro jefe directo, en este caso el comandante, Francisco Bértiz, y que él nos podría dar más información sobre la causa del despido”.
Informó que son tres mujeres y un hombre, quienes fueron dados de baja y pertenecen a un grupo aproximado de 36 elementos que se formaron en dos generaciones, algunos, como ella, buscaron ser policías, pero por diversas razones no tuvieron la posibilidad, por lo que optaron por ingresar como apoyo vial.
Esta agrupación cumple con dos turnos, que van de las siete de la mañana a tres de la tarde y de las 14:30 a las 22:30 horas, consideró que en ocasiones tenían que cumplir con cuestiones que no correspondían a su función de dar vialidad.
“Nos ponían actividades que incurrían en el régimen de policía, por ejemplo acudir a los alcoholímetros, a la feria, a la carrera de San Gil, en el triatlón y cuando había detenciones, había compañeros que llegaron a ir a la Fiscalía”.
Entre las irregularidades laborales que observó, es que cuando ingresan no se les otorga copia del contrato, incluso hay un elemento que lo solicitó de manera escrita y no se le entregó.
Otro aspecto, dijo, es que solo tuvieron una entrega de uniformes, por lo que tras un año y medio de ser utilizados, están en pésimas condiciones. Además, soportan arrestos que iban de las cuatro a las ocho horas.
“Por ser administrativos, no debían aplicarnos arrestos, a veces nos arrestaban, una de las compañeras que corrieron la arrestaron en una ocasión, en el turno de la noche, salíamos a las 10 y se quedó a las dos o tres de la madrugada, pero la dejaron sin darle apoyo para regresar a su domicilio, ella vive en una comunidad”.
Consideró que su labor no es valorada, ya que además de lidiar con estas circunstancias que ocurren en el interior de la corporación, también les ha tocado el maltrato de ciudadanos.
“Hemos sido agredidos por la ciudadanía, a una compañera inclusive la corretearon, hay personas prepotentes que se enojan cuando les hacemos alguna indicación”.