El relevo del director y mandos medios del Centro de Readaptación Social de San Juan del Río que se llevó a cabo hace seis meses, fue resultado de una investigación que detectó que la disciplina y orden se “estaban relajando”, afirmó el secretario de Gobierno del estado, Juan Martín Granados Torres, quien dijo que en dicho Cereso se establecieron cuestiones de control para recuperar los espacios, sobre todo porque las personas privadas de la libertad están relacionadas con delincuencia organizada.
En entrevista, Granados Torres precisó que el cambio se dio a través de un operativo en el que participaron la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Fiscalía General del estado y otras instancias de autoridad, para no permitir que exista socialización en el interior del Cereso y evitar la construcción de una red dentro de los penales en el estado.
“San Juan del Rio, tiene una característica importante: su proximidad con entidades vecinas, tenemos personas privadas de la libertad relacionadas con delincuencia organizada, entonces una de las estrategias es no permitir que haya una socialización, la construcción de una red dentro de los penales en el estado, particularmente revisamos este tema y se cambiaron los mandos, se dio un relevo en los mandos intermedios y se establecieron ciertas cuestiones de disciplina para recuperar estos espacios que se estaban diluyendo y haciendo muy laxos”, reconoció el secretario de Gobierno.
En este contexto, al respecto de la recomendación de la Defensoría de los Derechos Humanos hizo para garantizar los derechos de las personas privadas de su libertad, Juan Martín Granados dijo que se atienden la observaciones para generar los elementos de investigación y encontrar los responsables individuales, si es que existieran.
Mencionó que estos señalamientos, son una oportunidad para mejorar el sistema penitenciario estatal y se consolide la garantía de los derechos fundamentales de las personas privadas de su libertad, que si bien cumplen una condena, deben ser tratados con respeto y dignidad.
“El hecho de que estén en esa condición implica que tienen una cuenta pendiente con la sociedad a través de sus procesos de justicia, pero eso no implica que no deban ser tratados con dignidad y respeto a sus derechos y de eso nos estamos ocupando gracias a las observaciones que hace la Defensoría de Derechos Humanos”, añadió.
