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El bajo índice de reclusos que se encuentran en prisión preventiva oficiosa sin sentencia no es algo malo, así lo consideró la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Mariela Ponce Villa quien aseguró que la ley faculta mecanismos de defensa y amparo para quienes se encuentran bajo estas instancias.
Y es que según lo reportado por el Índice de Estado de Derecho en México 2022 publicado por World Justice Project, indicó que Querétaro mantiene una Justicia Civil expedita con una evaluación de 0.30 sobre 1 igualando a la media nacional, además, en el indicador de Justicia Ctivid de calidad Querétaro registró 0.37 así como la existencia de 0.22 población reclusa que no tiene sentencia de primera instancia.
“No es algo malo que haya población reclusa sin sentencia porque todos los internos tienen derecho a defenderse, tenemos que esperar a que el procesos llegue a sentencia, y durante ellos los imputados tienen el derecho interponer mecanismos de defensa como son los amparos, impunes, por causas causas imputables al juzgado, a los jueces de oralidad no hay casos retrasados”, aseguró Ponce Villa.
Al respecto, Ponce Villa aseguró que si bien no todos los casos tienen sentencias esto no significa que los casos no estén judicializados, puesto que los imputados llegan a interponer mecanismos como los amparos, aunque estos no evita que se judicialicen,
“Se tiene que esperar el proceso hasta que llegue la sentencia, pero el imputado tiene derecho a interponer apelaciones, amparos o lo que proceda (...) Ellos (World Justice Project) miden a partir de sentencias condenatorias. Nosotros mostramos cómo hay casos que tienen índices altos, pero están en proceso, ellos dicen ‘mientras no haya sentencia no hay resultado’, pero sí han sido judicializados los casos”, refirió la magistrada.
Además, la magistrada recalcó que el sistema de justicia penal del estado de Querétaro está reconocido a nivel nacional en materia de que la resolución de los casos en la entidad duran menos de un año desde la vinculación hasta el juicio donde se emite la sentencia, así como ser reconocidos por World Justice Proyect como la entidad número uno a nivel nacional en el índice de Estado de Derecho.
