La consejera electoral del Instituto Nacional Electoral (INE), Carla Humphrey Jordan, dio a conocer que aquellos deudores de pensión alimentaria y condenados por violencia familiar o delitos sexuales, no podrán ser candidatos ni podrán ocupar puestos de elección popular, lineamientos establecidos para que se sancionen, reparen y erradique la violencia política contra las mujeres en razón de género.

Durante su visita a San Juan del Río, la consejera electoral del INE precisó que se avanza en el combate a la violencia política contra las mujeres en virtud de que se han efectuado reformas precisamente en este mismo tema, pues precisó que este tipo de hechos se presentan con mayor incidencia en el nivel municipal, pueblos o comunidades indígenas.

“Hay muchas medidas e instrumentos para aterrizar la reforma de violencia política, por ejemplo la 3 de 3 contra la violencia, esta declaración para que personas que estuvieron o tienen sentencias por violencia familiar, por violencia sexual o son personas deudoras alimentarias morosas no puedan ocupar cargos de elección popular, no puedan ser candidatos y tenemos que seguir ampliando nuestra ruta, recordemos que las mujeres más violentadas siempre están a nivel municipal o de pueblos o comunidades indígenas”.

La consejera aseguró que la reforma sobre la violencia política incluye el capítulo 3 de 3, que obliga a los partidos políticos a solicitar a las y los aspirantes a una candidatura, firmar un formato, de buena fe y bajo protesta de decir verdad, donde establece que ha hayan sido sentenciados por violencia familias o doméstica, así como contra la libertad sexual o la intimidad corporal.

Finalmente consideró que la violencia política contra las mujeres es una problemática que atenta contra la calidad de la democracia, por tal motivo el INE se mantiene diseñando instrumentos que permiten garantizar la participación de las mujeres en la vida política.