Google le pagó a Francia la multa de 500 millones de euros (567 millones de dólares) dictada en julio por una autoridad administrativa en relación con los derechos afines, aunque la empresa presentó un recurso, informó este miércoles un alto responsable francés.
La Autoridad de la Competencia (encargada de la lucha contra las prácticas anticompetitivas), interpelada por los editores de prensa y la Agence France-Presse (AFP), consideró que Google no había negociado "de buena fe" la remuneración debida a los editores y agencias de prensa por los derechos afines a los derechos de autor.
"La Autoridad de la Competencia nos indicó que se emitió el título de pago y que la multa fue saldada por la empresa Google", respondió el miércoles el secretario de Estado francés para Asuntos Digitales, Cédric O, al ser preguntado por un senador durante una sesión de preguntas al gobierno.
La citada autoridad había ordenado a Google que presentara "una oferta de remuneración por el uso actual de sus contenidos protegidos" a los editores y agencias de prensa, so pena de tener que pagar. en un plazo de dos meses, unas multas de hasta 900.000 euros diarios en total.
Ese plazo ha pasado, por lo que "la pelota está en el tejado de los editores", consideró el secretario de Estado. "A ellos corresponde decidir si desean seguir negociando o pedirle a la Autoridad de la Competencia que dicte la multa", agregó, precisando que ese organismo también puede actuar sin que recurran al mismo.
Google presentó un recurso contra la multa en septiembre, al juzgar su monto "desproporcionado".
El 17 de noviembre, Google y la AFP alcanzaron un acuerdo para la remuneración, durante cinco años, de los contenidos de la agencia de prensa presentados por el gigante estadounidense, por un monto que no se divulgó.
La noción de los derechos afines de los derechos de autor permite que diarios, revistas o agencias de prensa sean remunerados cuando sus contenidos son reutilizados en la red.
Está recogida en la directiva europea sobre los derechos de autor, aprobada por el Parlamento Europeo en marzo de 2019.