Una de las implicaciones internacionales que se genera con la aprobación de la nueva Ley de Hidrocarburos es que se podría perder hasta 25 por ciento de la Inversión Extranjera Directa (IED) ejercida en los últimos 20 años a través del T-MEC, señala un análisis privado de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo), en poder de El Sol de México.
“En México, uno de cada cuatro pesos de IED en el sector energético es de procedencia estadounidense y asciende a 11 mil 640 millones de dólares, entre 1999 y 2020”, señala el reporte presentado a sus más de ocho mil socios.
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De acuerdo con el análisis de Onexpo Nacional, las implicaciones internacionales de la propuesta de reforma ponen en riesgo la seguridad jurídica de las inversiones que llegaron al sector energético desde 2013, tras la reforma constitucional avalada ese año en el Congreso.
Además, con los cambios a la Ley de Hidrocarburos, Pemex queda con la capacidad legal de tomar el control de terminales de almacenamiento, estaciones de servicios e incluso infraestructura de transporte y distribución privadas nacionales o extranjeras tan sólo con el apoyo de la Secretaría de Energía (Sener) o de la Comisión Reguladora de Energía (CRE).
Preocupa a los empresarios que Pemex, un exmonopolio y actual competidor en el mercado nacional, que tiene una posición preponderante y que concentra el insumo esencial de esta industria, tome el control de instalaciones privadas cuyos permisos para operar sean suspendidos.
La Política de Almacenamiento propuesta frenará nuevos permisos. “Éstos se encontrarán en enorme desventaja ante competidores establecidos que han amortizado sus inversiones y costos, después de muchos años de operación”.
La reforma establece textualmente que la Sener o la CRE revocarán los permisos que, a la fecha de entrada en vigor del Decreto, incumplan con el requisito de almacenamiento determinado lo que viola garantías de legalidad, certeza jurídica, debido proceso y acceso a la justicia y harían negatorios los derechos adquiridos.
“Las modificaciones al artículo 51 de la Ley de Hidrocarburos, ocasionan un costo adicional a los denominados ‘costos hundidos’ de los nuevos permisionarios, ya que a partir de su entrada en vigor estos deben planear (previo a la obtención de los permisos) la capacidad de almacenamiento de sus proyectos, con base en criterios establecidos por la Secretaría de Energía, y no con base en consideraciones reales de oferta y demanda y/o capacidad instalada y/o criterios de rentabilidad de los proyectos, dando lugar a barreras de entrada a los mercados y a las actividades que regula la Ley de Hidrocarburos”.
Entre estas barreras de entrada está la desaparición de la positiva ficta. La ley actual obliga a la CRE a responder positiva o negativamente las solicitudes de modificación de cesión de permisos antes de los 90 días naturales, si no hay una respuesta se considera una aprobacion de facto, con la nueva ley esto desaparece, de hecho, se crea la negativa ficta.
“La negativa ficta otorgará a las autoridades una mayor discrecionalidad en la resolución de permisos de cesión ya que por el sólo hecho de nos contestar dentro del término establecido se entenderá que la solicitud está resuelta en sentido negativo”, señala el análisis.
La iniciativa fue aprobada ayer en el Senado de la República en lo particular y en lo general, por lo que el siguiente paso es su publicación en el Diario Oficial de la Federación para su entrada en vigor.
La ley recibió la aprobación de 63 legisladores, en contra de 45 votos que rechazaron la propuesta.
Con información de Jacob Sánchez
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