El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, lanzó el lunes un plan para ampliar la extracción de oro en la región amazónica, despertando críticas de ambientalistas por el impulso a una industria acusada de deforestación, contaminación y ataques a los pueblos indígenas.
Bolsonaro firmó un decreto que crea un programa de apoyo a la minería artesanal, una actividad controvertida conocida como "garimpo".
La minería artesanal es legal en Brasil, siempre que los mineros tengan las licencias ambientales correspondientes y la autorización para explotar terrenos determinados. Pero en la práctica, muchas explotaciones no cumplen con las normativas.
El decreto dice que el objetivo es "proponer políticas públicas y estimular el desarrollo de la minería artesanal y de pequeña escala, fomentando el desarrollo sostenible de la región y la nación".
También crea una comisión interministerial sobre minería artesanal, cuya "región prioritaria" serán los nueve estados brasileños que conforman la Amazonía brasileña.
Los mineros artesanales, o "garimpeiros", generan divisiones en Brasil.
Bolsonaro, cuyo padre fue una vez "garimpeiro", defiende a los buscadores de oro como hombres humildes y sacrificados.
Los críticos tienen otra mirada.
La minería destruyó un récord de 125 kilómetros cuadrados de la Amazonía brasileña el año pasado, según datos oficiales.
Buena parte de la destrucción se produjo en reservas indígenas protegidas.
El uso de mercurio para separar el polvo de oro del suelo también ha dejado contaminación tóxica en los ríos.
Los fiscales dicen que los mineros de oro ilegales tienen vínculos con el crimen organizado, y en el último tiempo ha habido enfrentamientos mortales entre mineros armados y grupos indígenas que se oponen a ellos.
El gobierno de Brasil estima que hay 4.000 mineros ilegales que operan en territorio indígena en la Amazonía. Los activistas dicen que la cifra es aún mayor.
"Lo que debería estar haciendo (el gobierno) es proponer y apoyar el licenciamiento ambiental de esta actividad y monitorear su implementación", dijo Suely Araújo, especialista en políticas públicas del Observatorio del Clima, una coalición de grupos ambientalistas.
"En cambio... la administración de Bolsonaro parece dispuesta a defender los 'valores históricos' del sector, es decir, la destrucción ambiental", agregó Araújo.
Bolsonaro, quien ha presionado para expandir la agroindustria y la minería en la Amazonía, ha enfrentado protestas internacionales por la destrucción de la selva tropical más grande del mundo.
La deforestación en la Amazonía brasileña ha aumentado desde que el líder de extrema derecha asumió el cargo en 2019, alcanzando un máximo en 15 años, con 13.235 km2 talados en el período de agosto de 2020 hasta julio de 2021.
