En un hecho sin precedentes en la historia de México, jueces y magistrados federales han decidido irse a un paro nacional indefinido en respuesta a la controvertida reforma judicial promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta electa Claudia Sheinbaum. La votación, en la que participaron más de 1,600 juzgadores, resultó en una decisión que tendrá repercusiones significativas para miles de ciudadanos y para la estabilidad del sistema judicial en el país.
Este paro no es simplemente una huelga laboral, es una declaración política y una defensa de la independencia judicial. En palabras simples, uno de los tres poderes de la República está cerrando sus puertas. No se trata de un bloqueo parcial o simbólico: estamos hablando de una suspensión total de actividades que afectará la impartición de justicia a nivel nacional. Para dimensionar la magnitud de esta decisión, imaginemos que el Congreso de la Unión dejara de legislar, o que el Ejecutivo suspendiera sus actividades. El país se encontraría sumido en un vacío legal que generaría incertidumbre y caos.
La decisión de irse a paro refleja el profundo descontento que ha generado la reforma judicial, en especial la propuesta de que los jueces y magistrados sean elegidos por voto popular. Esta medida, que a primera vista podría parecer democrática, en realidad pone en riesgo la autonomía de un poder cuya función principal es mantenerse independiente de influencias políticas. La politización de la justicia es un peligro real cuando los jueces deben someterse a campañas electorales, exponiéndose a presiones externas y compromisos que podrían interferir con su imparcialidad.
El paro, que inicia hoy 21 de agosto, implica que solo se atenderán casos catalogados como "urgentes". Sin embargo, lo que se considera "urgente" es un concepto ambiguo que no está claramente definido, lo que deja a miles de ciudadanos en la incertidumbre. Personas con procesos penales, civiles, mercantiles o fiscales en curso podrían ver sus casos detenidos por tiempo indefinido. La crisis de justicia en México, ya conocida por su lentitud y burocracia, podría empeorar de forma dramática.
Los números hablan por sí solos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación inicia entre 3,000 y 3,100 asuntos al año, lo que representa un promedio de 8 casos diarios que quedarían en el limbo con este paro. Si consideramos el sistema federal en su conjunto, más de 3,500 asuntos se inician cada día en tribunales federales. Esto significa que por cada día de paro, miles de personas y empresas se verán afectadas. Y esto sin contar los tribunales agrarios y otros órganos especializados, que también quedarían paralizados.
Este escenario genera un "efecto embudo" que colapsaría el sistema judicial. Casos que ya tardan meses, e incluso años, en resolverse, podrían acumularse aún más. México es uno de los países con los sistemas judiciales más lentos del mundo: un juicio mercantil puede tardar en promedio 170 días, un amparo indirecto 80 días, una apelación 56 días, y un juicio fiscal 149 días. Con el paro, estos tiempos se extenderán indefinidamente, afectando tanto a individuos como a empresas que dependen de la resolución de conflictos legales para operar.
El sindicato de trabajadores del Poder Judicial también juega un papel crucial en esta crisis. Aunque los jueces y magistrados ya han decidido detener sus actividades, aún queda por ver si los empleados de base se unirán al paro. Si el sindicato se suma, el impacto sería aún mayor, cerrando incluso oficinas administrativas y deteniendo cualquier tipo de trámite. En Querétaro, por ejemplo, la oficina ubicada en el centro sur podría convertirse en un edificio fantasma, afectando a miles de usuarios.
Este paro también es una muestra de resistencia frente a un gobierno que, según los juzgadores, ha ignorado sus preocupaciones y los ha excluido de los foros de discusión. La reforma judicial, lejos de ser una solución a los problemas de justicia en México, es vista como un ataque a la independencia del Poder Judicial y una herramienta para aumentar el control político sobre este.
El presidente López Obrador, en su conferencia matutina, desestimó la huelga, calificando a los trabajadores y jueces como "paleros" de la corrupción. Sin embargo, la realidad es que estamos ante un conflicto que va más allá de lo político y toca el corazón de la división de poderes en el país. El paro no solo es una señal de protesta, sino una advertencia sobre los peligros de minar la autonomía judicial.
Hoy más que nunca, los ojos están puestos en lo que sucederá en los próximos días. El país enfrenta la posibilidad de quedar temporalmente sin un sistema judicial funcional, lo que podría tener efectos devastadores para quienes dependen de resoluciones legales para continuar con sus vidas o negocios. Este es un momento histórico, uno que nunca se había visto en México y que pocas democracias en el mundo han enfrentado: el cierre, aunque sea temporal, de uno de los pilares fundamentales del Estado.
La pregunta ahora es, ¿qué sigue? ¿Cómo se resolverá este conflicto? Lo único claro es que, por ahora, la impartición de justicia en México está en pausa, y las consecuencias serán graves para todos los que dependen de ella.
*Diputado local PRI
