La propuesta de la diputada Claudia Díaz, del PT, donde pretende eliminar el cobro de la licencia de funcionamiento en el comercio de Querétaro, puede ser vista desde dos perspectivas. Por un lado, se podría interpretar como una medida de justicia social, destinada a aliviar la carga económica de los pequeños y medianos empresarios, especialmente en un contexto donde el comercio local enfrenta desafíos económicos significativos; las barreras burocráticas y financieras para los comerciantes podría fomentar la creación de nuevos negocios y la formalización de otros, incentivando la actividad económica local.
Sin embargo, también existen argumentos para calificar esta iniciativa como una medida de corte populista.
La eliminación de este ingreso afecta directamente a las finanzas municipales, que dependen en gran medida de estos recursos para ofrecer servicios públicos esenciales. Los municipios en México, incluidos los 18 de Querétaro, a menudo tienen una capacidad limitada de recaudación y dependen de recursos que vienen del gobierno del estado o del gobierno federal.
La propuesta, al eliminar una fuente de ingreso propia, puede poner a los municipios en una situación financiera vulnerable, haciéndolos depender de decisiones políticas externas y limitando su autonomía financiera.
Además, las licencias de funcionamiento no solo tienen un objetivo recaudatorio; también permiten regular y controlar la actividad comercial, asegurando que se cumplan normativas de seguridad, salud, y orden público. Al eliminar el cobro, podría haber un descontrol en la apertura de negocios, lo que conllevaría desafíos adicionales en la gestión urbana y comercial.
En la tendencia actual de gobiernos proteccionistas y paternalistas es bien fácil dar todo gratis.
Por lo tanto, aunque la intención de apoyar al pequeño comercio podría ser genuina, la propuesta carece de una estrategia financiera clara para compensar los recursos perdidos. Es esencial que este tipo de iniciativas sean acompañadas por un análisis de sostenibilidad fiscal y de los impactos a largo plazo en la calidad de los servicios municipales.
La propuesta de la diputada petista Claudia Díaz, puede parecer justa desde una óptica social inmediata, pero tiene tintes populistas si no se acompaña de un plan fiscal y administrativo sólido.
DE REBOTE
Ya son dos los diputados que dejan su bancada en esta Legislatura, Ulises Gómez de la Rosa y Enrique Correa, dejaron al PT y el PAN respectivamente y esto no quiere decir que renuncien a sus militancias; se trata de un “estrategia” o trinquete. El afectado puede ser Correa por los estatutos de su partido; Gómez de la Rosa no tiene militancia actual y no le afectaría.
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